A partir del 10 de mayo los propietarios de viviendas de uso turístico tendrán que anotarse en el Registro de Empresas y Actividades de Turísticas (REAT) de Galicia y pagar una tasa única de 56,26 euros para dejar de funcionar al margen de la ley y evitar multas que van desde los 900 a los 9.000 euros. Para ello deben emitir a la Xunta una declaración responsable acompañada de la licencia de primera ocupación, cédula de habitabilidad o certificado de final de obra que deben expedir los ayuntamientos para acreditar que se ejecutaron las obras conforme la legalidad urbanística. Es en este punto en el que los dueños de estos alojamientos encuentran trabas por parte de los concellos.

La presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga), Dulcinea Aguín, advierte de que algunos municipios se niegan a emitir estos documentos alegando que no tienen obligación de hacerlo. Y alerta de que cuando los propietarios acudan a darse de alta en la delegación provincial de la Axencia de Turismo sin alguno de estos escritos tendrán que esperar entre dos y seis meses para poder volver a darse de alta. Por eso, reclaman que todos los trámites se centralicen a través de la Xunta y así evitar estos problemas.

Desde el Clúster Turismo de Galicia también instan a los ayuntamientos a colaborar para agilizar los trámites. Su presidente Francisco González descarta que a partir del 10 de mayo, día desde el que las viviendas de uso turístico pueden registrarse para regular su situación, haya avalanchas y colapsos para anotarse. En este sentido, recuerda que las solicitudes y la documentación requerida pueden presentarse por vía telemática en la sede electrónica de la Xunta.

El decreto del Gobierno gallego prohíbe a las viviendas de uso turístico arrendar por habitaciones al contrario que en autonomías como Asturias y Andalucía y tampoco permite hacer contratos por más de 30 días. Además, otorga a los concellos gallegos la potestad de limitar el número de pisos por edificio y barrio, opción que descartan ayuntamientos de las Rías Baixas como Sanxenxo y O Grove, mientras que Santiago ya ha anunciado una moratoria para restringir los alquileres en el casco histórico. Estos son algunos de los motivos por los que Avigatur recurrirá el decreto ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Tienen de plazo para presentarlo hasta el 10 de abril y estudian la posibilidad de solicitar su suspensión como medida cautelar mientras se resuelve el caso.

González aclara, sin embargo, que la potestad que tienen los concellos para limitar el uso de los edificios no la impone la Axencia de Turismo de Galicia en el decreto, simplemente la recuerda. "Los municipios ya pueden hacer este tipo de restricciones a través de sus planes urbanísticos", destaca el presidente del Clúster.