El Ministerio de Hacienda modificará el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía municipal, después de que el Tribunal Constitucional anulara la semana pasada el tributo en los casos de las ventas de inmuebles sin ganancia o a pérdidas. En Galicia, los 115 concellos que aplican este tributo recaudaron en 2015 más de 41 millones. Estos ingresos suponen un 53% más que los poco más de 27 millones que habían ingresado por el impuesto de plusvalía antes de que estallase la burbuja inmobiliaria en 2008. Entonces, la venta de viviendas superaba las 26.000, mientras que en los últimos cuatro años, las operaciones se movieron entre las 11.000 y las 13.000.

En el fallo emitido la semana pasada, el Alto Tribunal declaró inconstitucionales varios artículos de la norma foral de Guipúzcoa sobre la plusvalía municipal acerca de un contencioso en la localidad de Irún, al entender que va contra el principio de capacidad económica tributar por este impuesto cuando la venta del inmueble se ha realizado con pérdidas.

Fuentes de Hacienda trasladaron a Europa Press que, de momento, afecta únicamente a la Diputación Foral de Guipúzcoa, pero confirma que modificará la norma estatal referida a la fiscalidad por la venta de inmuebles. Esta reforma afectará a la financiación local, ya que este impuesto se aplica en uno de cada tres concellos. Ya antes de conocer la sentencia del Constitucional, la Federación Galega de Municipios de Provincias (Fegamp) recogió en su propuesta de reforma del reparto de fondos del Estado a los ayuntamientos una revisión del impuesto de plusvalías, de manera que solo tengan que afrontarlo quienes obtengan ganancia con la venta de una vivienda o local comercial.

Una vez presentado el recurso ante el Constitucional en mayo del año pasado, economistas gallegos consultados por este periódico advertían de que el impuesto de plusvalía resulta injusto y exagerado, ya que muchos inmuebles se han vendido a pérdidas y pese a ello los contribuyentes tienen que asumir ese pago. Y además se enfrentan a una doble imposición al tributar como ganancia en el IRPF. Por ello, proponían desde su deducción del IRPF, hasta su eliminación.

El tributo, que aplican un total de 3.691 ayuntamientos en España, se aplica de acuerdo con una fórmula que toma como base el valor catastral del suelo y lo multiplica por un coeficiente en función del número de años que hayan transcurrido entre la compra y la venta, con lo que se paga siempre por el vendedor aunque el inmueble se haya vendido con pérdidas, situación que se ha repetido en numerosas ocasiones tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y que ha motivado varios recursos al Constitucional.

Casi ocho de cada diez euros que ingresan los concellos por el impuesto de plusvalía van a parar a las arcas locales de A Coruña y Pontevedra. Hasta un total de 16,59 millones ingresaron los ayuntamientos coruñeses en 2015 por este tributo, casi un 18% más que el ejercicio anterior y un 40% más que lo previsto en sus presupuestos. En Pontevedra, la recaudación alcanzó los 14,8 millones, un 26,3% más que en 2014 y el doble de los cálculos iniciales. Cierran la lista Ourense, con 7 millones (casi un 31% más) y Lugo, con 2,21 millones, la única provincia gallega en la que descendió su recaudación (casi un -18%).

La resolución del alto tribunal, adoptada por unanimidad, reitera que "en ningún caso podrá el legislador establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial", como sucede cuando la venta del inmueble se produce sin obtener ninguna ganancia o incluso con pérdidas. De este modo, precisa, "no podrá crear impuestos que afecten a aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea, no ya potencial, sino inexistente, virtual o ficticia".