Los alcaldes quieren que el Gobierno central ofrezca ya una solución que blinde la legalidad del impuesto de plusvalía municipal tras la sentencia del Tribunal Constitucional que tumba el gravamen cuando se aplica a operaciones en que el vendedor de un inmueble no logra ganancias y que además abre la puerta de devoluciones millonarias por parte de los ayuntamientos. Por ahora, el fallo solo se aplica a Guipúzcoa, pero su extensión al resto del Estado es cuestión de tiempo. Este será el planteamiento que hoy mismo pondrá sobre la mesa el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, que se reúne con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Más de 41 millones de euros. Es la cantidad que tuvieron que desembolsar los contribuyentes gallegos en 2015 por la venta de una vivienda, local comercial o solar en suelo urbano. Los 115 concellos que aplican el impuesto de plusvalía batieron récord de recaudación pese al descenso de ventas de pisos y el desplome de los precios tras el pinchazo de la burbuja inmobiliario. Haya habido o no ganancia por la operación, los contribuyentes han tenido que afrontar el pago de este tributo. Pero una sentencia del Tribunal Constitucional cuestiona que haya que abonar el impuesto cuando el valor de los terrenos haya disminuido. Ante el reciente fallo del Alto Tribunal, los alcaldes se han movilizado para que el Gobierno promueva una reforma fiscal que afectará a casi 3.700 ayuntamientos de todo el país.

Caballero se reunirá hoy con Montoro para demandarle una solución al impuesto de plusvalías, que se calcula sobre el valor catastral y el número de años que se ha tenido un inmueble en propiedad.

Injusto y exagerado

Para los economistas, este tributo resulta injusto y exagerado, ya que muchos inmuebles se han vendido a pérdidas y pese a ello los propietarios han tenido que asumir ese pago. Y además se enfrentan a una doble imposición al tributar como ganancia en el IRPF. Por ello, han propuesto desde su deducción del IRPF, hasta su eliminación.

Tras la junta de gobierno de la FEMP, celebrada ayer, Caballero aseguró que los alcaldes estarán "al lado de los ciudadanos" en este asunto ya que -argumentó- "no puede haber una cuota positiva cuando la base imponible es negativa", lo que calificó como "distorsión". El también alcalde de Vigo advirtió de que es tarea del Gobierno y del Legislativo decidir cómo va a resolver esta cuestión, por lo que pedirá al ministro de Hacienda que diga "cuanto antes" cuál es la solución ya que la sentencia, que en este momento solo afecta a Guipúzcoa, pronto será de obligado cumplimiento en todo el territorio.

Tan solo dos días antes de que el Constitucional hiciese público su fallo sobre el impuesto de plusvalía municipal, los alcaldes gallegos recogían en sus propuestas sobre la reforma de financiación local la revisión de este tributo. La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) proponía "definir la base imponible atendiendo a las efectivas plusvalías", en particular "las derivadas de las actuaciones urbanísticas, integrándolo como IRFP a través de las deducciones oportunas para evitar dobles imposiciones".

Financiación local

Financiación local

Hoy mismo quedará constituido el comité de expertos de financiación local. Caballero avanzó que si no hay progresos visibles en el nuevo modelo, convocará este mismo año una asamblea extraordinaria a la que están llamados 8.125 alcaldes, diputaciones, consejos y cabildos insulares. "Llevamos más de un cuarto de siglo esperando por una financiación adecuada; no vamos a esperar más", sentenció.