Bastaron tres citas con las urnas en menos de un año, para que PP y PSOE reconociesen en 2012 el fracaso de la reforma del voto emigrante pactada por ambos partidos en Madrid hacía tan solo dos años y ya entonces se plantearon una nueva modificación de la ley para tratar de incentivar la participación de los residentes en el exterior.
En las sucesivas convocatorias electorales, la imposición del voto rogado para la diáspora -las papeletas ya no llegan a su domicilio salvo que las soliciten- no hizo más que confirmar lo que habían advertido los colectivos de la emigración: caída en picado de las sacas de votos procedentes del exterior. Tras la reforma electoral, la participación de la diáspora en autonómicas y generales no rebasó el 5%, frente a más de un 30% que lo hacían antes de fuesen vetados en las municipales y obligados a pedir la documentación electoral para emitir su sufragio en el resto de comicios.
Tras más de 40 prórrogas durante la pasada legislatura, el Congreso retomará la reforma del voto emigrante, después de tres años hibernando en la Cámara baja. El proceso comienza mañana con la constitución de una subcomisión que abordará una modificación más amplia de la actual Loreg y que incluirá cambios en el procedimiento del voto exterior. La previsión es que la reforma, que supondrá la supresión del voto rogado para los españoles en el exterior, esté lista este mismo año.
Por primera vez, en las elecciones municipales del 22 de mayo de 2011, los emigrantes no participaron en unos comicios locales. Entonces, un total de 19 concellos tenían más del 40% de su electorado en la diáspora.
La proposición de ley para reformar la ley electoral y evitar que los emigrantes tengan que pedir con antelación el ejercicio del sufragio para poder participar en autonómicas o generales fue elevada al Congreso por el Parlamento de Galicia, con el aval del PP gallego y de la oposición. La propuesta gallega fue tomada en consideración por el pleno del Congreso en marzo de 2014, con el voto del PP. Pero desde entonces, y con dos elecciones generales en tan solo seis meses -el 20 de diciembre de 2015 y el 26 de junio del año pasado- no se ha avanzado en la reforma.
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Tendencia
Los datos hablan por sí solos. En Galicia son más de 448.000 los emigrantes con derecho a voto, según el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) a 1 de enero. Son ya un 1,8% más que los gallegos en el exterior con derecho a sufragio que hace un año y un 42% que los apenas 317.000 registrados hace una década. Si hace diez años, el voto exterior representaba el 12% de los gallegos con derecho a participar en unos comicios; en la actualidad ya suponen casi el 17%.
Al contrario de lo que ocurre con el censo exterior, el número de residentes gallegos con derecho a sufragio ha caído año tras año. Con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) al arranque del año había un total de 2.247.881 gallegos inscritos en el CER, un 0,5% menos que en 2016 y un 2,45 menos que hace una década. Por el contrario, en el conjunto del país los residentes con derecho a voto aumentaron, un 0,05% en un año y un 2,7% desde 2007.
