Por primera vez, la Xunta rastreó el año pasado los edificios en venta o alquiler para comprobar el estado de las certificaciones energéticas, un documento al que obliga la Unión Europea desde junio de 2013 y otorga a cada inmueble una calificación según el consumo que necesitan los hogares en el día a día. Dos años y medio después de la entrada en vigor de la norma europea que exige el certificado, la Consellería de Economía e Industria puso en marcha un plan de inspecciones que se saldó con un total de 553 expedientes revisados en la comunidad. En un total de 60, casi el 11% de los controlados, los técnicos detectaron errores relacionados con la calificación energética. Pero, hasta ahora no se ha impuesto multa alguna. Solo de no ser corregidos los fallos, el departamento que dirige Francisco Conde procederá a la apertura del correspondiente expediente sancionador.
La Xunta se propone con su plan de inspecciones perseguir los fraudes en las certificaciones expedidas, aunque por el momento no controla que todas las viviendas que se alquilan o se venden en Galicia dispongan de esta etiqueta. A principios de 2015 eran 40.000 los inmuebles que disponían de este certificado. Al cierre de ese ejercicio ya superaban los 70.000 y en los primeros ocho meses del año pasado, según los últimos datos facilitados, rondaban los 90.000.
La Consellería de Economía se había propuesto revisar el año pasado un total de 500 controles técnicos de certificados inscritos en el Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios de Galicia. Finalmente realizó un total de 553.
La provincia de A Coruña concentra el mayor número de revisiones: un total de 271, lo que supone casi la mitad de toda la comunidad. Le siguen en la lista Pontevedra, con 191 (el 34%), Ourense, con 49 controles y, finalmente, Lugo con 42. Como ocurre con las eléctricas, el Instituto Enerxético de Galicia (Inega) se ha puesto en contacto con los propietarios de 60 inmuebles con deficiencias en sus certificados para que las soluciones. "De no ser corregidos, será entonces cuando la Xunta continúe con la tramitación administrativa para la apertura del correspondiente expediente sancionador", apuntan desde Economía.
El certificado energético es obligatorio, tanto para pisos nuevos como para los antiguos que se pongan a la venta o en alquiler. El objetivo es que el comprador o el inquilino del inmueble conozca el gasto en energía de la vivienda antes de cerrar la compra o firmar el contrato de arrendamiento y así valorar su eficiencia energética.
La etiqueta, similar a la que llevan los electrodomésticos para promover el bajo consumo, otorga a cada inmueble una calificación en función del consumo que necesita el hogar en el día a día. Se analiza el consumo de electricidad y gas así como la calidad del aire interior, las condiciones de control térmico y lumínico o el gasto en calefacción. ¿El nivel de eficiencia? Cuanto mejor sea el aislamiento y menor el consumo energético mayor será la nota. La más alta supone un certificado de nivel A, la más baja se lleva una G. Estos certificados son emitidos por un técnico superior, generalmente un ingeniero o arquitecto acreditado. Una vez obtenido el documento, el propietario debe inscribirse en un registro del Inega, cuyo trámite cuesta 5 euros. Además deberá abonar una tasa que se aplica en función de la superficie del inmueble y que será de ocho céntimos el metro cuadrado si se trata de un piso, cuatro céntimos si es un edificio y cinco euros para aquellos inmuebles que no sean de uso residencial.
Las multas por incumplir la normativa en materia de eficiencia energética oscilan entre los 300 y los 6.000 euros, según la gravedad del caso. Vender o alquilar una vivienda sin el correspondiente certificado energético acarrea una mula de 600 euros.
