Jueces y fiscales han tenido que hacer horas extras el año pasado para clasificar las causas penales que se acumulaban en los juzgados del país. Con el objetivo de evitar que las investigaciones se eternicen y las dilaciones excesivas dejen impunes a cientos de encausados, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), en vigor desde diciembre de 2015, limitó a seis meses las instrucciones de asuntos sencillos y a 18 meses los macroprocesos complejos, como la Pokemon o la Patos, prorrogables hasta un máximo de tres años. Durante el primer año de la nueva normativa, los jueces declararon en España casi 63.000 asuntos de instrucción complejos, de ellos 3.754 en la comunidad gallega (el 6% del total). Al cierre del ejercicio, los magistrados en Galicia habían resuelto un total de 1.334 expedientes de complejidad (1.261 de los juzgados de instrucción y 73 de los órganos de violencia de género). Pero otras 2.420 causas penales aún no se habían cerrado. O lo que es lo mismo, el 35% de los procesos declarados complejos el año pasado no fueron resueltos, según el balance hecho público ayer por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Los jueces y fiscales de todo el país tuvieron que trabajar contra reloj el año pasado para poner al día los procedimientos penales en tramitación. 6 de junio, seis meses después de la entrada en vigor de la reforma de la Lecrim, era la fecha en la que la totalidad de las diligencias previas y sumarios en fase de instrucción pendientes en los órganos judiciales e incoados antes del 6 de diciembre de 2015 debían ser declarados como causas de instrucción compleja o concluidos. Por este motivo, los asuntos clasificados como complejos en los juzgados de Instrucción, de Primera Instancia e Instrucción y de Violencia sobre la Mujer se concentraron entre el 1 de abril y el 30 de junio del año pasado, según apuntan desde el CGPJ.
Tendencia
Algunas investigaciones de corrupción en Galicia ya acumulan más de cuatro años de instrucción e incluso hay procesos superan los siete años. A este periodo hay que sumar el que se tarda en fijar el juicio, celebrarlo y dictar sentencia.
En el caso de Galicia, en el primer semestre se contabilizaron 2.379 asuntos complejos en los juzgados de instrucción (el 3,2% del total de causas instruidos, por debajo del 3,4% de la media nacional) y en el último semestre se registraron 1.175 (el 1,9%, en este caso por encima del 1,6% del conjunto del país). Este balance eleva la tasa de procesos complejos sobre los instruidos en la comunidad en todo 2016 al 2,6%. En cuanto a los juzgados de violencia de género, en la comunidad gallega se clasificaron 200 asuntos como complejos, de los que 73 habían sido resueltos al cierre del ejercicio.
Una investigación de un asunto se considera compleja cuando recae sobre grupos u organizaciones criminales, tiene por objeto numerosos hechos punibles, involucra a gran cantidad de investigados o víctimas, exige la realización de pericias que impliquen el examen de abundante documentación o complejos análisis, implica la realización de actuaciones en el extranjero, precise de la revisión de la gestión de personas jurídico-privadas o públicas o se trata de un delito de terrorismo.
A la cabeza de procesos de los juzgados de instrucción declarados complejos el año pasado en España está Cataluña, con un total de 10.899 causas. Le siguen en el ranking Andalucía (10.209), Madrid (6.999) y Comunidad Valenciana (6.501). Y en el quinto puesto de la tabla nacional se encuentra Galicia, con los más de 3.500 asuntos complejos. En el extremo opuesto de la lista figuran La Rioja (282), Navarra (456) y Cantabria (669).
