La Xunta mantendrá todos los registros civiles con la nueva reforma que plantea el Gobierno

La normativa los reduce a uno por provincia y otro más por cada 500.000 habitantes

19.03.2017 | 02:03
Un ciudadano en la puerta de un registro civil.

Los registros civiles llevaban unos años en la cuerda floja. Sobre todo por la reforma del que fuera ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, que pretendía transferir el servicio a los registradores mercantiles y de la propiedad, lo que suponía cobrar por realizar inscripciones de nacimientos, defunciones o matrimonios, trámites que ahora son gratuitos. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, decidió en abril de 2015 paralizar la privatización del registro civil, enmendando así el proyecto de su antecesor en el cargo. Según algunos cálculos realizados entonces, de llevarse a cabo la reforma, un certificado habitual, como una fe de vida, costaría entre 20 y 30 euros; un duplicado del libro de familia se situaría entre los 100 y 150 euros; obtener un acta matrimonial, entre 90 y 100 euros, y la inscripción de las comunidades vecinales, superaría los 300 euros.

Una vez que el propio Gobierno de Rajoy frenó esta iniciativa quedaba pendiente de aplicar la ley de 2011 que pretendía reducir el número de registros civiles, a uno por provincia con la opción de que cada comunidad ampliarse otro más por cada 500.000 habitantes. El ministro de Justicia anunció hace unos días en la Conferencia Sectorial que serán las autonomías las que tendrán que abordar la reorganización. Esta nueva modificación trastoca el modelo recogido en la normativa de 2011, de forma que, si la comunidad quiere, pueden continuar los mismos registros civiles que funcionan en la actualidad.

En este nuevo escenario y si la reforma sale adelante tal como la ha planteado Catalá, la Xunta, según informó la Consellería de Presidencia, los conservará todos, los dos registros exclusivos y los 43 principales restantes que hay en los partidos judiciales. Por tanto, no se suprimirá ninguno.

Con la modificación que ahora está en trámite, lo que sí cambiará es la figura encargada de los registros civiles, que dejarán de ser los respectivos magistrados para ocupar esa responsabilidad los secretarios judiciales. Estos órganos continuarán dependiendo del Ministerio de Justicia y todos los trámites que se realicen seguirán siendo gratuitos.

Además de los 45 registros principales que hay en Galicia, luego están los juzgados de paz de cada ayuntamiento que también hacen el mismo servicio. Su funcionamiento depende de los concellos y estos continuarán prestando sus servicios siempre que los gobiernos municipales quieran.

Registros de la propiedad

Otro real decreto del departamento estatal dirigido por Catalá publicado el 4 de marzo anunciaba la supresión de diez registros de la propiedad, al considerar que tienen "bajo rendimiento" porque tramitan menos de un millar de expedientes anuales relacionados con inscripciones de inmuebles y fincas, compraventa de viviendas, herencias, derechos de usufructo, contratos de alquiler o cancelaciones de hipotecas. En la provincia de A Coruña, se suprimirá la oficina de Muros que pasará a depender del de Corcubión y en la de Pontevedra, desaparecerá la de Ponte Caldelas, que se integrará en la de Redondela. En Lugo, Quiroga dejará de tener registro de la propiedad y sus usuarios tendrán que realizar sus trámites en Monforte, mientras que lo mismo sucederá en A Fonsagrada que se cerrará y sus vecinos serán atendidos en Ribadeo. Ourense es la provincia más afectada con el recorte de cinco oficinas: Bande y Celanova dejarán de tenerlo para depender de Allariz; Pobra de Trives se unirá a la de O Barco, Ribadavia a la de O Carballiño y Viana do Bolo a la de Verín. Los cinco ayuntamientos ourensanos afectados estiman que con esta supresión se dejará sin servicio a 58.518 vecinos de 38 concellos. Los regidores denuncian que se trata de "un nuevo ataque para desmantar los servicios en el rural".

El portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, anunció que su formación pedirá en el Parlamento gallego la derogación de este decreto del Gobierno que suprime nueve registros en Galicia que conlleva la desaparición de entre 20 y 25 empleos. Villares alertó de que esta decisión del Ministerio de Justicia emite el mensaje "peligroso" de que "no hay expectativas en el rural".

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