A la crisis del ladrillo y el parón inversor de las administraciones, se suma la proliferación de empresas piratas y la todavía escasa demanda de reformas en viviendas o negocios, un nicho de mercado que de repuntar permitiría a muchas empresas de la comunidad alejarse de los números rojos que pesan en sus cuentas.
Desde el estallido de la crisis, las constructoras de la comunidad llevan mes tras mes denuncias ante las Inspecciones de Trabajo por el repunte de firmas ilegales que aprovechan la todavía delicada situación que atraviesa el sector para ofrecer precios bajos en sus reformas a costa de pagos en negro a sus trabajadores y la emisión de facturas sin IVA. Según estimaciones de la Federación Gallega de la Construcción, estos negocios clandestinos les arrebata más del 15% de la facturación total en la parte de rehabilitación.
Tras poner en conocimiento de Trabajo esta situación, la patronal gallega sigue exigiendo que se intensifiquen los controles sobre estas compañías que operan de manera clandestina. Desde la Federación Gallega de la Construcción reconocen que desde las Inspecciones de Trabajo en la comunidad se hace lo que se puede para erradicar la oferta de empresas piratas, aunque también advierten de que durante años la Administración "miró hacia otro lado" y fue "laxa" con este tipo de actividades.
