La falta de personal público suficiente para atender a los ciudadanos y la dilación en los trámites administrativos copan más de un tercio de las 632 quejas recibidas por la Xunta en el primer año de funcionamiento de la oficina creada específicamente para tramitar las denuncias de malas prácticas por parte del personal autonómico. El informe del Ejecutivo no especifica si los ciudadanos censuran que la plantilla es escasa o la que existe no atiende con suficiente celo su trabajo. Así consta en el primer balance de actuación de la Oficina de Defensa de las Personas Usuarias de los Servicios Públicos que comenzó a funcionar el año pasado una vez que impuso su creación la Lei de garantía da calidade dos servizos públicos e da boa Administración aprobada en abril de 2015.

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, entregó ayer los primeros datos a la Valedora do Pobo, Milagros Otero, así como un balance estadístico del Portal de Transparencia coincidiendo con el primer aniversario de la nueva ley sobre la obligación de revelar el funcionamiento de la administración, que mejora el primer texto aprobado por el bipartito.

A lo largo del año pasado, el Ejecutivo recibió 632 quejas, de las que la mayor parte se refirieron a la "falta de personal" con 139. Le siguen en la clasificación, los "tiempos de tramitación excesivos", con 87; y la "información", con 75, entendiendo por este último epígrafe las deficiencias a la hora de comunicar normas o decisiones a la población. La "atención por parte de los empleados públicos" se sitúa en sexto lugar con 58 quejas, aspecto que destacó Rueda. "Hay un bajo porcentaje, que no llega al 20%, de protestas, que aludan al trato recibido o al servicio prestado", indicó.

Por departamentos, la educación destaca como área más conflictiva, al registrar 240 de las 632 muestras de descontento, seguida de Política Social, con 81, y Economía, Emprego e Industria, con 76.

En cuanto a las sugerencias de los ciudadanos, la Xunta apenas recibió 41 propuestas para mejorar su funcionamiento. A raíz de estas, creó grupos de trabajo específicos en áreas como la retirada de los nidos de avispas asiáticas o puso en marcha una gestión automática de peticiones de permisos de quemas en el ámbito rural.

Visitas

El Ejecutivo también destacó que desde marzo del año pasado el portal de transparencia recibió más de 80.000 visitas y tuvo que atender 233 solicitudes de información, una opción que permite la nueva legislación para favorecer el acceso de la ciudadanía a información que considera. De ellas, 68 son relativas a la Consellería do Mar. Solo 148 recibieron toda la información solicitada, mientras en siete los datos fueron parciales. Otras 63 fueron bien denegadas o inadmitidas -30 por silencio administrativo- y 15 se encuentran en fase de tramitación.

Otero destacó como "día grande" la entrega de los informes, pero alertó de que sería "entorpecedor" exigir datos como "contratos de 1930" o información "sin elaborar". "Hay cosas que no tiene sentido pedir [...] y me refiero a abusar", expuso. "Hay cuestiones que no se pueden dar o porque no las hay, porque no existen, o porque el esfuerzo de reelaborarla sería tremendo para el rendimiento que se le puede sacar", añadió la Valedora.