La Justicia es la única alternativa que les queda a los 2.800 emigrantes retornados y venezolanos retirados en Galicia para reclamar las pensiones de jubilación que el Gobierno de Maduro les adeuda desde enero del año pasado y 200 de ellos ya han recurrido a los tribunales. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ya ha dictado medio centenar de sentencias a favor de los pensionistas al desmontar el criterio del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de bloquear las compensaciones sociales si existe derecho a una pensión otorgada por Venezuela, aunque esta no sea efectiva. De hecho, a los que recibieron alguna paga complementaria del Gobierno español ahora el INSS les exige la devolución de ese complemento al figurar como pensionistas en activo a pesar de que no perciban la cuantía que les corresponde.

El Alto Tribunal gallego considera, sin embargo, que si el demandante demuestra que no tiene ingresos porque no cobra esa pensión tendría que optar a asistencia del Gobierno español, y en algunos casos incluso se falló con la compensación de una pensión no contributiva. Como muchos de los perjudicados desconocen este proceso, la Asociación de Pensionados y Jubilados de Venezuela en Galicia (Apejuveg) celebrará un encuentro hoy en A Coruña para informarles. El acto será en la cafetería Maracaibo Beat (calle Don Bosco, 9) entre las 11.00 y las 13.00 horas.Trámites

El proceso se inicia con una apelación administrativa que luego pasa al Juzgado de lo Social y si el INSS recurre al TSXG, donde unos 50 afectados ya han ganado la batalla judicial. El resto de los 200 casos que iniciaron la denuncia el año pasado siguen en el tribunal de lo Social. Al margen de las demandas particulares, la Liga Pro Derechos Humanos presentará una demanda colectiva para agilizar la resolución de un problema que afecta a 8.000 personas en toda España.

El incumplimiento por parte del Gobierno de Nicolás Maduro del convenio de Seguridad Social entre España y Venezuela -vigente desde mayo de 1988 y que garantiza el pago a los cotizantes en Venezuela que residen en España y viceversa- ha abocado a los pensionistas a "un estado de indefensión". Desde la organización, que por ahora cuenta con 280 asociados, aclaran que algunos de los retornados hicieron dinero en su estancia en el país venezolano y pueden ir subsistiendo con sus ahorros pese a los impagos. Pero alertan de que casi un 30% de los 2.800 afectados se han quedado "desamparados y arruinados" porque la pensión era su único ingreso y no la perciben desde enero de 2016, salvo dos pagas extras de 2015 que cobraron entre enero y marzo del año pasado.

Los que tienen familia, si sus hijos no viven en el mismo sitio, suelen rotar por temporadas del domicilio de unos a otros. Los que estaban en residencias de la Xunta que pagaban con su pensión continúan en ella pero las autoridades les reclaman las facturas a sus parientes.

Los casos más dramáticos son los de los que "no tienen ni para comer" ni familiares que les ayuden y se han visto obligados a recurrir a instituciones benéficas como Cáritas o Cruz Roja. Esta situación ha provocado además desalojos y embargos por impagos del alquiler y la hipoteca o cortes de luz. En Alicante uno de los jubilados murió y al no tener ingresos se tardó cuatro días en darle sepultura y fue posible gracias a aportaciones del Ayuntamiento y de asociados del colectivo de afectados en la zona.

Regreso "en masa"

Regreso "en masa"

De los casi 3.000 retornados y venezolanos en Galicia, la mitad ya llevan años en la comunidad y ahora se les frenaron los pagos pero la otra mitad se corresponde con los gallegos que empezaron a venirse "en masa" a partir de 2014 cuando estalló la crisis económica en Venezuela. "Muchos de ellos no llegaron a cobrar ni una mensualidad desde que llegaron a Galicia y otros se morirán antes de que se reanuden los pagos", lamenta la portavoz del colectivo, María Fernanda Ruiz.

"Los gallegos que se han quedado en Venezuela quieren venirse a España pero saben que si lo hacen no podrán cobrar su pensión de jubilación", destaca Ruiz, que aclara que en el país venezolano cobran unos 40.000 bolívares "que no les llega ni para comprar una caja de cervezas".

Representantes de la Apejuveg se han reunido en varias ocasiones con el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para que medie con el Gobierno central para recuperar los pagos y por ahora han conseguido que el Ejecutivo autonómico sea "más flexible" con los venezolanos para conceder sus ayudas de emergencia social anuales para retornados. Las Diputaciones de A Coruña y Lugo y el Concello de Santiago también han otorgado subvenciones específicas para este colectivo para paliar la falta de ayudas estatales.

La Federación de Asociaciones de Pensionados y Jubilados de Venezuela -organismo en el que está integrado la asociación gallega junto con las de Canarias, Madrid, Cataluña, Valencia, Asturias, y Andalucía- presionará además al Gobierno central para que, tal y como se acordó en el Congreso, exija a Venezuela el cumplimiento del convenio bilateral reactivando los pagos y abonando las cantidades pendientes con carácter retroactivo. También solicitan que mientras no se regularice la situación se conceda una línea de ayudas a los jubilados que ahora están en riesgo de pobreza.