El presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y fiscal delegado de Medio Ambiente en Galicia, Álvaro García Ortiz, confesó ayer "presiones políticas" durante la investigación de casos de corrupción que afectan a cargos públicos, tras reconocer también que no confía en la creación de una Fiscalía Anticorrupción en la comunidad gallega porque "no es una de las prioridades de este Gobierno".

"Desde ese punto de vista estoy casi seguro que no se va a crear una Fiscalía Anticorrupción. Ahora, el deseo y la necesidad de que eso sea así la seguimos teniendo y compartiendo la mayoría de fiscales de Galicia. Yo creo que es un mal retrato o una visión equivocada de lo que está ocurriendo en Galicia", aseguró ayer el fiscal de Medio Ambiente durante una entrevista en la Cadena Ser.

García Ortiz recordó además que esta petición está "formulada" ante la Fiscalía General del Estado por parte de los fiscales superiores, aunque puntualizó que la creación de este órgano "no está entre las prioridades" del fiscal general que, de apostar por ella, tendría que trasladarla al Ministerio de Justicia.

"Presiones directas"

El fiscal delegado de Medio Ambiente admitió que durante la instrucción de casos de corrupción que afectan a cargos públicos se producen "presiones" desde figuras de la política y las instituciones, aunque añadió que se trata de "pocos y muy concretos los casos de presiones directas".

Con todo, García Ortiz apuntó que, en la mayor parte de las ocasiones, estas presiones llegan a través de "amenazas veladas" y "sutiles" que reciben "la mayoría de los fiscales" cuando gestionan un "caso complicado" como los de corrupción, que son "muy mediáticos".

"Lo ideal es que no se produjeran, lo ideal es que no hubiera declaraciones de los miembros de los ejecutivos, central o autonómicos, sobre cómo deben dirigirse los procedimientos judiciales", manifestó García Ortiz.