La adjudicación del portaaeronaves Príncipe de Asturias a una unión temporal de empresas (UTE) participada por una sociedad mercantil de Madrid y otra de Turquía, que se encargarán de desguazar el navío en el país euroasiático, se encuentra paralizada. El Ministerio de Defensa ha admitido a trámite la impugnación presentada por la compañía canaria Logiscrap al resultado de la venta.
El buque insignia de la Armada fue dado de baja en diciembre de 2013 por sus elevados costes de mantenimiento -30 millones el año-. El Arsenal Militar de Ferrol fue el lugar en el que estuvo custodiado hasta que Defensa logró deshacerse de sus más de mil toneladas de acero y chatarra. Para ello tuvo que convocar hasta cuatro subastas. Las tres primeras, con un precio de salida de 4,2 millones, quedaron desiertas. En la última, un comprador se hizo con el buque de la Armada con una rebaja en la puja hasta los 2,4 millones. La adjudicación recayó en la Unión Temporal de Empresas formada por la compañía española Surus Inversa y su socio turco, Leyal. El importe final de la venta se cerró en más de 2,7 millones, unos 300.000 euros por encima del precio de salida. El proceso de adquisición estaba a expensas de que se certificara toda la documentación y de la posible presentación de alguna alegación.
Cuando la Armada dio de baja el portaaviones, Defensa barajaba la posibilidad de comercializar su buque estrella a una Marina de otro país, una opción que finalmente se dio por descartada. La Armada angoleña, indonesia o brasileña mostraron interés, pero ninguna gestión llegó a traducirse en una adquisición porque les resultaba inviable mantener el portaaviones español. Un buque con capacidad para 600 personas frente a los 300 efectivos a los que no llega su sucesor, el Juan Carlos I. Se trata de una plantilla elevada con la que no cuentan todos los países en su Marina para poder mantener el buque operativo.
Alegaciones
El proceso de baja comenzó en la base naval de Rota, donde se llevó a cabo la fase previa de inmovilización y parte del desarme. En febrero de 2013, el Príncipe de Asturias realizó su última navegación hasta Ferrol para realizar allí el proceso de desmantelamiento. La desmilitarización del buque no implicó que todos sus componentes sean descartados. De hecho, muchos podrán ser utilizados para otros buques de la Armada, como los equipos electrónicos, sistemas de comunicaciones o elementos de energía y propulsión como motores o turbinas.
Jesús Sierra, administrador la empresa canaria Logiscrap que pretende despiezar el buque insignia de la Armada en su planta del Puerto de La Luz, afirma que el adjudicatario carece de algunos de los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, concretamente el certificado de calidad ISO 30.000, que se otorga para garantizar que las instalaciones de achatarramiento cumplen todas las obligaciones legales y medioambientales, y el 14.001, que establece la implantación de un sistema de gestión ambiental. Sin embargo, desde Surus Inversa, una de las dos empresas que conforman la UTE, aclararon ayer que poseen desde 2013 al menos el primero de los certificados.
El periódico ABC adelantó el pasado enero que los trabajos se iban a iniciar ese mismo mes con un inventario de materiales peligrosos después de que Estados Unidos diera el visto bueno a la venta del portaaviones, aunque con una condición: que se desmantelara el sistema de radares, antenas y comunicaciones encriptadas con las que cuenta el buque antes de su traslado a Turquía, como recalcó el mismo medio.
Desde el Cuartel General de la Armada española se informó estos días de que aún no se ha formalizado el contrato debido a que se había presentado un recurso a la adjudicación definitiva. Y señaló que hasta que no se resuelva esta reclamación, no se procederá a su venta a las citadas empresas y, por lo tanto, hasta entonces no se llevará a cabo el traslado del Príncipe de Asturias hasta la ciudad situada en pleno mar Egeo.
Sierra advierte de que la unión de empresa hispano-otomana no posee los citados certificados de calidad, que establece una serie de condicionantes específico para el tratamiento de los buques en las plantas de desguace.
Por su parte, desde Surus Inversa aseguran que poseen el documento que certifica que tienen el certificado de calidad ISO 30.000, que fue expedido por primera vez en 2013 y renovado en septiembre del pasado año, con validez hasta 2019. Por ello, están a la espera de que Defensa falle a su favor para comenzar los trabajos de desguace.
Las alegaciones presentadas por Logiscrap ante la Junta Delegada de Enajenación y Liquidadora de Material del Cantábrico también se basan en el procedimiento que la empresa Leyal realiza para el despiece de las unidades. Así, remitió una serie de imágenes en las que se recogía cómo los buques son embarrancados en las playas de Aliaga, lugar en el que se lleva a cabo el achatarramiento. Este sistema se denomina beaching, que, según la empresa canaria, podría ocasionar fisuras en el casco y vías de agua. La compañía se apoya en estas prácticas para argumentar que la UTE incumple el punto 5.4 del pliego de condiciones para la enajenación del portaaviones, en el que se establece el proceso de desmantelamiento.
En este apartado se precisa que tiene que establecerse una serie de medidas para el drenaje controlado de cualquier líquido potencialmente peligroso que se encuentre a bordo del buque. En otro de los capítulos de la adjudicación que, según Logiscrap, se incumplió durante el proceso de enajenación es el 6, en el que se detalla la exigencia de los citados certificados de calidad. Entre estos se encuentran el ISO 9001 para el sistema de gestión de calidad, el OHSAS 18001 que concierne a la seguridad y salud de los trabajadores, y los mencionados ISO 30.000 e ISO 14.001.
