Como las tasas municipales de las que tanto se habla ahora tras la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la legalidad del cobro, la Xunta tiene también la suya propia para las empresas que usan el suelo público autonómico para colocar las infraestructuras con las que prestan un servicio. Sobre todo las compañías energéticas -tanto eléctricas como de gas- y de telecomunicaciones. El tributo viene de lejos, pero hasta 2012 no se activó como un mecanismo más para obtener financiación para obras en carreteras -que es donde más abundan estas redes- ante la caída en picado de los ingresos públicos por la crisis. La recaudación, sin embargo, está muy lejos de los 2,5 millones de euros que el Gobierno gallego se marcó entonces. Ronda el medio millón de euros. ¿Cómo es posible? Por la falta de información detallada sobre el despliegue de este tipo de operadores de servicio en los casi 5.500 kilómetros de vías de competencia regional. Un vacío que la administración quiere llenar ahora con la inspección en la que colaboran la Axencia Galega de Infraestruturas y la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) para concretar la situación -lo importante vendrá de las travesías autonómicas en las urbes gallegas- y multiplicar por cinco la recaudación.

"La implantación de la tasa fue muy compleja", cuenta el director de la Axencia Galega de Infraestruturas. El organismo tuvo que diseñar todo el sistema para la recopilación de datos; establecer su cálculo, "que tiene su dificultad"; y hasta formar al personal para que la gestionara. Aunque son los operadores los que tienen que formalizar el pago a través de una autoliquidación del tributo, "al principio teníamos que aportar nosotros los datos porque si no era imposible hacerlo". "Como todos los impuestos y tasas nuevos -explica Francisco Menéndez-, hay un periodo de implantación que todavía en este caso no terminó".

La causa principal de que, cinco años después, la tasa de aprovechamiento especial del dominio público viario de Galicia no esté a pleno rendimiento es la maraña de documentación que arrastran las carreteras que en la actualidad están en manos de la Xunta y que antes eran de titularidad estatal. La mayoría. Hay, según Menéndez, "muchísima información y documentación" todavía en papel desde las transferencias de competencias a Galicia. "Las autorizaciones a estos operadores otorgadas en su momento por el Gobierno central tenían un régimen distinto, sin gráficos claros", señala el máximo responsable de la Axencia Galega de Infraestruturas.

Las posteriores a 2003 sí están catalogadas y en un archivo informático que permite trabajar con ellas. En el resto es donde se centra la inspección con la Atriga para hacerles tributar.

Tanto la ley de carreteras de Galicia de 2013 como su modificación en 2015 recogen una disposición para obligar a estas empresas a renovar las autorizaciones si querían seguir con el servicio. "El objetivo era que afloraran las infraestructuras de las grandes operadoras que no teníamos registradas -apunta Menéndez- porque precisamente estaban ahí desde hace tiempo". El plazo acabó el pasado 31 de diciembre de 2016 y "se entregó mucha documentación que estamos analizando para regularizar la situación".

Tan importante es conocer qué tipo de redes o canalizaciones hay como el tipo. La base imponible de la tasa diferencia, entre otros conceptos, entre distribución de electricidad o transporte, agua, hidrocarburos, telefonía o saneamiento, con importes que van desde los 1,58 euros por metro de línea (en la distribución eléctrica de menos de 30 kilovoltios) a 18,57 euros en el caso de carburantes. No se paga lo mismo tampoco si es suelo urbanizado que rural, ni si es una autovía o una carretera de la red secundaria.