Hoy está citado a declarar en calidad de investigado -anterior figura el imputado- el que era jefe de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, cuando se abrió la línea del AVE Santiago-Ourense, en la que descarriló el Alvia en 2013 y murieron 80 pasajeros, además de resultar heridos más de un centenar. Y su presencia en el juzgado coincidirá con un importante espaldarazo que han recibido las víctimas del Alvia de parte de la Agencia Ferroviaria Europea (ERA) mediante un escrito que ya está en poder del juez.
La UE sostiene que el riesgo de descarrilamiento en la curva de Angrois estaba identificado -dado la brusca reducción de velocidad que se tenía que hacer- pero que Adif derivó toda la responsabilidad en los maquinistas sin tomar ninguna medida para reducir el peligro y certifica, eliminando todas las dudas al respecto, que la normativa comunitaria obligaba a realizar un análisis de riesgo integral de toda la línea, algo que Adif no hizo amparándose en que la regulación europea resultaba "confusa".
Las explicaciones las da el jefe de Seguridad de la ERA, Christopher Carr, en un correo remitido a la plataforma de las víctimas del accidente en nombre la Agencia Ferroviaria Europea con copia a sus inmediatos superiores y que ahora ha sido incorporado a la causa judicial por parte de las víctimas como impugnación al recurso presentado por la Abogacía del Estado y el abogado de Cortabitarte para intentar dejar sin efecto la imputación.
Carr advierte de que tanto Adif como Renfe están obligados por la directiva de seguridad ferroviaria a establecer un sistema de gestión de la seguridad y a realizar una análisis integral de los riesgos. "Puedo confirmar plenamente que la legislación de la UE sí lo requiere", aclara la ERA, en contra el criterio expresado por Adif.
El jefe de Seguridad de la Agencia sostiene que el peligro de un descarrilamiento durante la marcha y específicamente en las curvas era conocido por los ingenieros desde que se construyeron los ferrocarriles por primera vez.
Tras estudiar el accidente de Santiago, Christopher Carr concluye que "el riesgo fue identificado" pero "exportado al conductor". "La documentación cierra la cuestión registrando el riesgo exportado al conductor", critica, en alusión al informe que hizo la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios de España (CIAF), a la que la UE reprochó su falta de independencia en el informe que realizó sobre el descarrilamiento.
Al indicar que el riesgo estaba identificado, Carr se refiere a las evaluaciones realizadas por la unión temporal de empresas que construyó la línea y por Ineco (consultora vinculada a Fomento) sobre el peligro de Angrois, consideraciones que también fueron tenidas en cuenta por el juez instructor del caso para llamar a declarar como imputado por 80 homicidios a Cortabitarte.
Pero, además, este alto cargo de la Agencia Ferroviaria Europea resalta que "el personal señaló que la curva era particularmente difícil", por el aviso de un jefe de maquinistas, poco después de la inauguración de la línea. "Pero esta información pareció no tener efecto, según el informe de investigación de la CIAF", se lamenta.
Notificaciones
En su dictamen, Carr explica que el reglamento para el método común de seguridad contempla una excepción en aquellos proyectos en una fase avanzada de desarrollo, pero que, para ello, "dicha decisión debe ser justificada y notificada a la Comisión". "No tengo conocimiento de dicha notificación", apostilla. Así, sostiene que este método "se aplica a cambios significativos en el sistema ferroviario" y sentencia que su opinión, en nombre de la agencia, es que "una nueva línea supone claramente un cambio significativo".
Por su parte, la portavoz del BNG en Europa, Ana Miranda, se reunirá hoy en Estrasburgo con la comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc, a la que trasladará la necesidad de abrir un nuevo procedimiento de infracción contra el Estado español "por incumplir la normativa comunitaria en la investigación del accidente ferroviario de Angrois.
