Por sexto año consecutivo, la Administración local -ayuntamientos y diputaciones- ha cerrado el ejercicio con superávit presupuestario. Es decir, finalizaron 2016 con más ingresos que gastos en sus balances, algo que no ha pasado ni con las cuentas de los ejecutivos autonómicos ni con las del Gobierno central. En el conjunto de España, el sector local acabó con un superávit del 0,64% del PIB, lo que significa 7.080 millones de euros, la cifra más alta desde el año 2012, según los datos del Ministerio de Hacienda. Y los ayuntamientos gallegos se mueven también esta senda, ya que cerraron el pasado año con un saldo presupuestario positivo de 127,3 millones, cuantía que se eleva hasta los 202 si se tienen en cuenta también las diputaciones.
Los ingresos reconocidos de los ayuntamientos de la comunidad ascendieron el año pasado a 2.233,9 millones de euros, mientras que las obligaciones de gasto se quedaron en los 2.106,6 millones. El saldo positivo es muy superior al logrado en 2015 (99 millones) y al obtenido también en 2014 (60 millones).
Detrás de este comportamiento presupuestario hay varias razones. Por la parte de los ingresos, hubo un mejor comportamiento que el previsto en los impuestos directos y en las transferencias recibidas del Estado y de la Xunta, que reportaron a las arcas municipales más de 60 millones de los programados.
Y en el apartado de obligaciones, se recortó sobre todo en el presupuesto inicial unos 70 millones de euros en personal y gastos financieros y de funcionamiento. Incluso los ayuntamientos se permitieron elevar las inversiones hasta los 232 millones, 17 más de los recogidos inicialmente en sus cuentas.
Todo ello sumando al colchón de seguridad con que los municipios elaboraron su presupuestos para cumplir con la senda de estabilidad da como resultado que el año se cerrara con un superávit de algo más de 127 millones de euros.
¿Y cómo aprovecharán este saldo positivo los ayuntamientos? Pues de momento, lo tienen muy difícil por las restricciones que impone el Ministerio de Hacienda, que obliga a que la reinversión produzca nuevos ingresos por la misma cuantía en aras de la sostenibilidad y que el gasto se ejecute inexcusablemente al año siguiente.
De hecho, ayer la junta de gobierno de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) aprobó una resolución por la que se reclama un cambio normativo que dé libertad a los ayuntamientos para gastar libremente el superávit sin tener que atender a criterios tan restrictivos como los actuales. Las condiciones se recogen en el proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado y la FEMP pretende cambiarlas durante la tramitación en el Congreso, dado que sostiene que son una "trampa encubierta" que imposibilitan que los municipios puedan reinvertir este año el superávit del ejercicio pasado.
El presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, explicó que las cuentas presentadas por el Gobierno permiten a las corporaciones locales ejecutar los 7.083 millones de superávit solo en el ejercicio 2017, algo que, según él, es "puramente imposible", por lo que este proyecto de ley se ha convertido en casus belli para la Administración local. Los presupuestos no se podrán aprobar antes de junio debido al trámite parlamentario. Si finalmente lo superan, la fecha que se baraja es el 30 de junio para su aprobación definitiva. Con este calendario, indicó Caballero, las corporaciones locales no tienen el tiempo suficiente para contratar las inversiones y gastos correspondientes al superávit, ya que el tiempo medio de contratación está entre nueve y diez meses.
"Los plazos de contratación exceden los seis meses", destacó el alcalde, recalcando que, si la redacción definitiva del proyecto se queda como está, los ayuntamientos dejarán sin ejecutar esos más de 7.000 millones de beneficio.
Por eso, el órgano de poder local reclama al Gobierno modificaciones para que se pueda contratar y ejecutar el superávit también durante 2018.
