La juez Pilar de Lara, en el marco de la operación Cóndor, ha asignado la condición de testigo protegido a una persona que supuestamente fue amenazada por el propietario de Monbus, Raúl López, uno de los investigados en este caso sobre supuestos delitos fiscales, contra la administración pública y blanqueo de capitales.
Los que se cursa la petición surgen a raíz de un escrito de denuncia en el que se que proporcionó un número de teléfono para mostrar su colaboración a fin de aclarar" unas presuntas "irregularidades".
