El colectivo de pensionistas venezolanos en Galicia exige una "solución política" que los saque del "limbo" en el que se encuentran, al acumular 17 meses de impagos y no tener acceso a ayudas sociales en España por tener derecho a percibir una pensión que, en la práctica, no están recibiendo. Son 2.800 emigrantes retornados y venezolanos retirados en Galicia los afectados por esta situación, de los que 200 han recurrido a la Justicia al prolongarse durante tanto tiempo los impagos. Una treintena de miembros de este colectivo se concentraron ayer ante el Ayuntamiento de Vigo para dar visibilidad a su problema y reclamar también una reunión con el alcalde, Abel Caballero, quien, según denuncian, se niega a recibirlos pese a "múltiples" solicitudes.
El presidente de la Asociación de pensionistas y jubilados de Venezuela en Galicia alertó de que un tercio de los casi 3.000 afectados en la comunidad gallega están "en situación de emergencia", lo que ha obligado a muchos a recurrir a instituciones benéficas como Cáritas o Cruz Roja. Esta situación ha provocado además desahucios y embargos por impagos del alquiler y la hipoteca o cortes de luz. Varenkow recordó que existe un convenio firmado en 1990 por el que España se compromete a complementar hasta la cantidad mínima de las pensiones de este país si Venezuela no paga o lo hace por debajo de ese umbral. "En derecho tenemos una pensión venezolana, pero en la realidad no", denuncia, con el problema añadido de que esto les excluye de las ayudas sociales como la Risga o las que dan los municipios.
La Justicia está dando la razón a los que denuncian su situación ante los tribunales y las sentencias dictadas obligan a España debe complementar la parte que le toca por el convenio firmado. Pero se trata de un "proceso lento", de al menos nueve meses, lo que "manda a mucha gente a una situación de pobreza extrema". El colectivo demanda una "postura oficial" para afrontar este "problema estructural", y que a juicio de Varenkow pasa por una "solución política".
