El miércoles de la próxima semana entrará en vigor el decreto de la Xunta que regula el alquiler de los pisos turísticos y que obliga a los propietarios de estos inmuebles a anotarse antes de que empiecen su actividad en el Registro de Empresas y Actividades de Turísticas (REAT) de Galicia y pagar una tasa de 56,26 euros. Muchos de los dueños de estas viviendas ya han iniciado los trámites para conseguir la licencia de primera ocupación, la cédula de habitabilidad o el certificado de final de obra que deben expedir los ayuntamientos para acreditar que se ejecutaron las obras conforme la legalidad urbanística y conseguir así la declaración responsable de la Xunta que acredite que ya no funcionan al margen de la ley.

A pesar de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) anunció la semana pasada que demandará al Gobierno gallego ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) si no modifica la normativa y retira varios artículos que desde el organismo consideran "restricciones innecesarias", la mayoría de los dueños de las viviendas de uso turístico prefieren, mientras tanto, "acatar el decreto para cubrirse las espaldas" y evitar así las sanciones que van desde los 900 hasta los 9.000 euros.

De esta forma, prefieren no arriesgarse a las multas y regularizar su situación desde el próximo miércoles, cuando la Xunta abra el plazo, para este verano alquilar sus inmuebles ya dentro de la legalidad a los turistas que visiten la comunidad. "Aunque la Justicia acabe obligando a la Xunta a cambiar la ley o a hacer matices yo tengo que inscribirme a partir del día 10 para este verano tener actividad y si alguien llama a mi puerta tener todo en regla", explica uno de los afectados que destina varios inmuebles al alquiler turístico.

Por ahora el decreto sigue su curso y ante las quejas de Competencia, la Xunta se opone a cambiar el contenido de su decreto de viviendas de uso turístico, si bien el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, matizó el jueves que la asesoría autonómica está estudiando el tema y que tiene un mes para pronunciarse, es decir, cuando la norma ya llevaría dos semanas en vigor.

Competencia reclama al Gobierno gallego que suprima la potestad que concede a los ayuntamientos para limitar o prohibir en determinados barrios el alquiler a turistas; censura la prohibición de alquilar por habitaciones y por un plazo máximo de 30 días; y critica los requisitos "exagerados" y servicios mínimos que elevan "de manera injustificada" los costes. Si una vez examinado el informe, el Ejecutivo autonómico decide seguir adelante sin tener en cuenta estas objeciones, el órgano supervisor ya avisó de que presentará un recurso contencioso-administrativo ante el TSXG. El Superior gallego tiene además pendiente de resolver el recurso de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) que iba en esta misma línea.

No es la primera vez que Competencia actúa en contra de normas similares a las de la Axencia de Turismo de Galicia en relación a los pisos turísticos. Con éste ya son tres los decretos que ha impugnado y en los dos anteriores la Justicia le ha dado la razón. El primero de ellos fue el de la Comunidad de Madrid, donde los tribunales aceptaron todos los cambios requeridos por la CNMC. Y la semana pasada, justo un día después de conocerse el requerimiento a la Xunta, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias también tumbó en esa comunidad los mismos artículos que ahora le pide modificar al Gobierno gallego.

Después de Madrid y Canarias, está en el aire si esa tendencia se repetirá con Galicia si la Xunta decide mantener el pulso con Competencia sobre la norma para regular las viviendas para alquilar a turistas.