Limpieza de cunetas, labores de jardinería, asistencia a lesionados en accidentes de tráfico o actividades de formación en bibliotecas. Son algunas de las condenas impuestas por los jueces como pena alternativa al ingreso en prisión por un periodo que puede ser de poco más de 30 días a más de 350 jornadas. Se trata de una especie de segunda oportunidad para el condenado, que en vez de cumplir condena entre rejas debe hacer algún tipo de actividad para reparar el daño causado a la sociedad. En España el año pasado se dictaron casi 83.000 condenas que eludían la prisión a través de trabajos sociales, suspensión de penas o sustituciones, de las que un total de 5.620 fueron emitidas en Galicia. O lo que es lo mismo, cada día 15 condenados en Galicia eluden la cárcel con penas alternativas.

En el conjunto del país, este tipo de condenas experimentaron un ligero repunte respecto al ejercicio anterior: un 1,1%. Por el contrario, en la comunidad gallega se produjo un descenso del 4,4%, ya que en 2015 las penas alternativas a la prisión alcanzaron las 5.878, según las estadísticas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Este tipo de condenas comenzaron a imponerse en España en 2004 como una alternativa al pago de una multa y el ingreso en la cárcel. Pese a que jueces y fiscales evitaron entonces poner este tipo de condenas sustitutivas de prisión por la escasa oferta de plazas en ayuntamientos, ONG y centros penitenciarios, el número de condenas a trabajos en beneficio de la comunidad (TBC) se disparó en 2007 tras la reforma penal en materia de tráfico. Y es que la mayoría de los condenados a penas alternativas de prisión son por delitos en carretera: un 76% de media en España y un 61% en el caso de Galicia.

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La reforma penal de hace diez años se traducía para el conductor que cometía un delito al volante en una multa que llevaba aparejada obligatoriamente una condena a actividades sociales. Pero con la última reforma del Código Penal, de diciembre de 2010, se impuso una pena única: o bien prisión, o bien multa o bien trabajo en beneficio de la comunidad. Aunque se preveía que en adelante el número de condenas a TBC cayese en picado, las cifras se mantuvieron en los mismos niveles que antes de esta modificación.

De las más de 5.600 penas alternativas a prisión dictadas el año pasado en Galicia, un total de 3.322 fueron a trabajos comunitarios, lo que supone casi el 60% de este tipo de condenas en la comunidad y de las que casi el 80% las concentran las provincias de A Coruña (1.421) y Pontevedra (1.137). En Lugo se dictaron 282 y en Ourense, 482. En cuanto a la tipología, un total de 2.036 condenas a actividades sociales en Galicia fueron por delitos contra seguridad vial (el 61% del total), 816 por asuntos de violencia de género (24,5%), 244 por faltas y lesiones, 143 por delitos contra el patrimonio y las 93 restantes por otros delitos y faltas. Otras 1.435 condenas fueron resultado de sustituir una pena de prisión por una TBC. Y otras 330 derivaron en la suspensión de una condena a cambio de actividades comunitarias.

Más numerosas, con un total de 520, fueron las suspensiones de condena por el pago de una multa o el cumplimiento de una serie de requisitos, como puede ser la prohibición de ausentarse del lugar de residencia o las comparecencias personales. La mayoría son por delitos de violencia de género. Para aquellas penas de prisión no superiores a dos años, los jueces pueden dejar en suspenso la ejecución de la pena. El plazo de suspensión es de dos a cinco años para las penas de cárcel inferiores a dos años y de tres meses a un año para las condenas leves. Como condición necesaria para dejar en suspenso la ejecución de la pena se exige que sea la primera condena a la que se enfrenta. Las condenas que no superen los dos años de años se pueden sustituir por multas o TBC.

Otra medida alternativa a la entrada en un centro penitenciario es la sustitución de condenas por la participación en programas, de formación o rehabilitación según el perfil del condenado. De este tipo el año pasado se dieron 12 en Galicia, casi todos por delitos de violencia de género.

En el conjunto del país, las condenas a TBC en al último año cayeron un 2,4%, al pasar de las más de 51.500 contabilizadas en 2015 a las 50.268 del año pasado. En Galicia, el descenso fue del 2,6%, ya que en 2015 se superaron las 3.400.