Los concellos presumen de haber superado la crisis económica apretándose el cinturón, pero mostrando al mismo tiempo un vigor del que carece el resto de administraciones. Sin embargo, la lupa de la Xunta se mantiene sobre las cuentas de 36 de ellas, a las que reclama conocer al detalle sus planes de ajuste y el balance de sus estrategias para pagar a sus proveedores conforme al plazo máximo legal de un mes.

Desde 2014, la Consellería de Facenda no solo revisa las cuentas financieras de las entidades locales, sino que está obligada a revelar qué información exige a qué consistorios y cuáles de estos le aportan los datos, después de que el Gobierno central de Mariano Rajoy elevase su control sobre las arcas locales dentro de la estrategia de control de gasto y del déficit. Aun así, las obligaciones de comunicación de los planes de saneamiento datan de 2009, con el socialista José Luis Rodríguez Zapatero en Moncloa.

Los citados 36 ayuntamientos -a los que se suman dos mancomunidades- resultan una excepción en una planta municipal que acumula muestras de solvencia y son una quincena menos que aquellos a los que el Ejecutivo central reclamó información sobre sus estrategias de saneamiento y abono de sus facturas a final del año pasado.

Precisamente, el último ejercicio mejoró el dato de superávit municipal en Galicia, al alcanzar los 127 millones, por 99 de 2015 y 60 de 2014. El Congreso avalará que los consistorios puedan usar en las inversiones que estimen oportunas la primera cantidad, tras el acuerdo logrado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presidida por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y que llevaba tiempo reclamando esa medida, después de que el Ejecutivo de Rajoy limitase la libertad de gasto del excedente económico local. En toda España, el montante de recursos liberados asciende a 7.000 millones.

Mientras, la dirección xeral de Política Financiera de la Xunta ha solicitado datos sobre los planes económico-financieros para cuadrar sus cuentas a diez concellos y las mancomunidades de O Baixo Miño y la Mariña lucense. Se trata de Arzúa, Monforte, Agolada, Crecente, Amoeiro, Barbadás, Calvos de Randín, Porqueira, San Cibrao das Viñas y Xunqueira de Ambía. La información exigida incluye ingresos, estado de liquidaciones contables, deuda, facturas pendientes...

El listado más amplio, sin embargo, se refiere a los informes acerca del cumplimiento del plazo legal de pago a proveedores, es decir, de comprobar si se ajustan a las directrices marcadas para acabar con las deudas sobre el eslabón más débil en esa relación: empresas y autónomos. Las cartas han sido enviadas Abegondo, Ares, Boiro, Cariño, Cedeira, Culleredo, Fisterra, Laxe, Melide, Ortigueira, Rianxo y Sada, de A Coruña; Pobra do Brollón, Cervo, Chantada, Foz y Meira, de Lugo; Carballeda de Avia, Larouco, Padrenda, Ribadavia, Xinzo de Limia y O Carballiño, de Ourense; y Agolada (único en los dos apartados), Covelo, Moaña y Nigrán, de la provincia de Pontevedra.

El balance del primer trimestre del año deja siete municipios que repiten en la lista de destinatarios de Facenda para conocer datos económicos. Se trata de Melide, Laxe, Ortigueira, O Carballiño, Xinzo, Ribadavia, Foz y Meira.

Además, el informe de Facenda sobre sus competencias financieras correspondiente al primer trimestre del año también recoge su luz verde al endeudamiento de los ayuntamientos de Mos y Fornelos de Montes, así como a los planes económicos de los municipios de Pobra de Trives y San Xoán de Río.

También da cuenta de los informes sobre la sustentabilidad económica de Cualedro y Leiro y los planes para pagar facturas en un máximo de un mes de Nigrán, Soutomaior, Guitiriz, Melide y la Diputación de A Coruña; los presupuestos de Pontevedra y la entidad de Pazos de Reis; las liquidaciones presupuestarias de Verea y Soutomaior; el endeudamiento de Vedra, Pontevedra y Vimianzo; la venta de patrimonio por parte de Trabada; y los cambios presupuestarios de la Diputación de A Coruña.