La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) prosigue con su contienda contra las comunidades por la supuesta regulación restrictiva que hacen de los pisos de uso turístico. Ahora le ha tocado el turno a Castilla y León, a la que la CNMC ha enviado un requerimiento para cambie o suprima preceptos de su decreto, varios de ellos coincidentes con los aprobados por la Xunta. Pero además, Competencia aprovecha la comunicación remitida a la Junta castellano-leonesa para poner de relieve que ya actuó por el mismo motivo contra otras tres autonomías -Galicia entre ellas-, que los tribunales de justicia españoles han respaldado sus tesis contra Canarias y Madrid, que la Comisión Europea ampara su labor para frenar la introducción en el marco regulatorio de requisitos de acceso al mercado "injustificados, innecesarios y desproporcionados", y que las restricciones aprobadas por las comunidades impiden precios más baratos para los usuarios. Tras explicar el motivo del requerimiento enviado a la Junta de Castilla y León, la CNMC incluye en un epígrafe con el nombre "normas restrictivas en otras comunidades", donde recuerda sus acciones contra Galicia, Canarias y Madrid y desgrana los argumentos utilizados para intentar eliminar o reducir el impacto de sus respectivas regulaciones sobre esta actividad.
Esta respuesta se produce a la semana de que entrara en vigor el decreto gallego y 18 días después de que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reprendiera a Competencia la rapidez con que intervino ante la norma de pisos turísticos de Galicia y la lentitud ante la queja por el elevado precio de los combustibles en la comunidad, plasmado en un informe entregado a la CNMC en junio de 2014 y del que aún no obtuvo respuesta.
Competencia detalla que la Justicia ya le dio la razón "completamente" en su litigio con Madrid y en lo principal contra Canarias. En Galicia, la Xunta mantiene intacto el decreto y ha presentado alegaciones contra el requerimiento, sin que por el momento la CNMC haya tenido tiempo para estudiarlas dado que el plazo para registrarlas concluye hoy.
Detalla además que la Comisión Europea comparte su "enfoque" sobre las restricciones injustificadas "que elevan los costes de entrada en el mercado, desalientan a operadores que ya estaban participando en el mercado con nuevos modelos de servicios y reducen el número de competidores e incentivos para que haya precios más eficientes y competitivos".
En el caso de Castilla y León, Competencia exige la modificación o supresión de cuatro preceptos que son comunes a la regulación gallega, como la prohibición de alquilar pisos turísticos por habitaciones, un acceso a la actividad con cargas económicas desproporcionadas para el operador (como pago de tasas, seguro de responsabilidad civil e inscripción en un registro autonómico), un catálogo exagerado de requisitos técnicos y servicios mínimos exigidos y la limitación temporal sobre la duración de los alquileres.
