El impuesto de plusvalías es uno de los que más recursos aporta a los ayuntamientos que cobran por cada venta de inmueble, herencia o permuta en suelo urbano. Desde que estalló la crisis en 2008, la recaudación en los 115 municipios gallegos aplican este tributo superó los 300 millones de euros. Según la sociedad de tasación Tinsa, el número de liquidaciones en las que los contribuyentes tuvieron que tributar pese a vender un piso o local comercial a pérdidas en Galicia durante los ejercicios no prescritos (desde 2013) supera los 18.000.

Un portal especializado en reclamaciones - reclamador.es- calcula que los gallegos que pagaron la plusvalía municipal pese a no obtener beneficio en la transacción podrían reclamar hasta 82,3 millones de euros, a razón de unos 4.500 euros de media por cada una de las 18.300 operaciones con pérdidas registradas en los últimos cuatro años en la comunidad autónoma: 8.100 en la provincia de A Coruña, 5.600 en Pontevedra, 2.600 en Lugo y 2.000 en Ourense.

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, Abel Caballero, censuró ayer la inacción del Ministerio de Hacienda para reformar, pese a los avisos previos, el impuesto de plusvalía municipal que grava las operaciones de compra-venta de inmuebles, cuya aplicación en las transacciones con pérdidas acaba de ser anulada en toda España por parte del Tribunal Constitucional.

"Silencio" de Montoro

Caballero exigió "agilidad" a Hacienda para proceder a la modificación de este tributo y criticó el "silencio" del ministro, Cristóbal Montoro, que no dio ninguna respuesta, dijo, cuando la FEMP le advirtió ya hace año y medio de que se estaba cobrando por operaciones cuyos titulares no habían obtenido beneficio alguno. "Queremos seguridad jurídica", reclamó el alcalde.

Tras la sentencia del Constitucional, ahora le corresponde al Gobierno modificar la ley para ajustarse a la Carta Magna, de forma que el tributo solo se pueda cobrar a las ventas que reporten beneficios para los propietarios. Como el Ministerio asegura que está esperando un informe de la FEMP para iniciar la reforma del impuesto -ya que quiere hacerla de forma consensuada con los alcaldes-, Caballero aseguró que a finales de este mes se aprobará el criterio que defienden los ayuntamientos para modificar el tributo.