Audasa suma una enésima denuncia por su polémica forma de gestionar la autopista AP-9, la más rentable de España. A las históricas quejas de usuarios, concellos que atraviesa la autopista o de la propia Xunta, se añade ahora la de la Valedora do Pobo. Milagros Otero acaba de abrir una investigación de oficio contra la empresa por los "perjuicios" que -denuncia- están sufriendo los conductores cada vez que se produce un atasco. Una situación que según advierte en su escrito, se produce "muchas veces" a lo largo del año siendo la "actitud" de la empresa siempre la misma: no dar "ningún tipo de explicación". La alta comisionada parlamentaria está interesada en conocer los mecanismos de compensación para los usuarios afectados y, sobre todo, las medidas de prevención que activará la concesionaria para evitar los graves atascos que en los últimos años afectan a Galicia de manera habitual sobre todo en el período estival.

Las pesquisas de la Valedora do Pobo hacen hincapié en las reiteradas quejas de los usuarios en momentos de colapso como el vivido, por ejemplo, durante la pasada Semana Santa, cuando se registraron retenciones kilométricas. La queja va más allá de lo ocurrido este año. Otero pone el punto de mira en los colapsos que, como cada verano, se volverán a producir en los próximos meses y, por tanto, solicita a la concesionaria que aclare de qué forma va a evitar esas retenciones que, en su opinión, muchas veces se producen porque "las cabinas de peaje no son capaces de absorber el tráfico en esta época".

La alta comisionada también critica el incidente registrado en la salida hacia O Milladoiro, cerca de Santiago, por la deficiente señalización que provocó que muchos automovilistas se desviasen hasta Padrón y tuviesen que abonar el peaje correspondiente. Tanto en los atascos entre Pontevedra y Vigo en abril como en los fallos de señalización, Otero denuncia que los afectados perdieron tiempo y tuvieron que pagar, a pesar de las circunstancias, el coste del peaje. "Los conductores manifestaron su indignación por el tiempo invertido, por la falta de avisos y, aún por encima, por tener que abonar el trayecto, cuando lo único que ocasionó el uso de la autopista fue la pérdida de tiempo y los perjuicios asociados", critica.

Por todo ello reclama explicaciones a la concesionaria y a la Delegación del Gobierno en Galicia para que se las traslade a los órganos competentes: el Ministerio de Fomento y la Jefatura de la Demarcación de Carreteras del Estado de Galicia. "No siempre se toman medidas para evitarlo y sobre todo, cuando las colas son desproporcionadas, la autopista no abre las barreras como una consecuencia lógica de su responsabilidad en la imposibilidad de mantener un servicio adecuado o propio de una carretera de pago", argumenta la alta comisionada parlamentaria.

La Valedora reclama también información sobre un largo listado de las medidas que toma Audasa para mitigar o paliar estas situaciones, como las instrucciones que los responsables de la empresa dan a los trabajadores para hacer frente a sus responsabilidades ante grandes retenciones o las respuestas a las reclamaciones. También pregunta si se abrirán las barreras o se compensará a los afectados cuando se produzcan.

Milagros Otero se reunió en los últimos días con los cuatro grupos con representación en el Parlamento gallego -PP gallego, PSdeG, En Marea BNG- para informarles de la apertura de esta iniciativa de oficio y obtuvo de todos su apoyo y su disposición a colaborar.

Esta denuncia llega a pocas semanas de que Audasa presentara un contencioso-administrativo contra Fomento reclamando 115 millones de euros por las ampliaciones en Rande y Santiago y por los descuentos en los peajes en el tramo Vigo-Pontevedra.

Por otra parte, el diputado autonómico del BNG Luis Bará denunció ayer la "explotación laboral" de los trabajadores en las obras de ampliación de la autopista AP-9 en el puente de Rande. El nacionalista indicó que esa obra "debería ser ejemplo de condiciones laborales y salariales justas y no todo lo contrario". Pero -prosiguió- las condiciones laborales en la ampliación constan de "jornadas prolongadas de hasta 12 horas o salarios de 8 euros la hora, que incluyen las pagas extras y vacaciones". Por ello, anunció que el BNG llevará al Parlamento gallego iniciativas para denunciar estas irregularidades con el fin de que "la Xunta tome medidas urgentes".