Los ayuntamientos no esperarán a que el Ministerio de Hacienda mueva ficha tras la sentencia del Tribunal Constitucional que extiende a todos los municipios la anulación del impuesto de plusvalías cuando una operación en suelo urbano -venta de un inmueble, herencia, permuta o donación- no genera ganancia alguna. Ya hay administraciones locales, como es el caso de Vigo o Soria, que anunciaron que no tramitarán el tributo con ventas a pérdidas. La clave para que los ayuntamientos puedan dejar de aplicar la normativa en vigor, regulación que depende del Gobierno central aunque su gestión y cobro corresponde a los consistorios, es la "autonomía municipal", según apunta la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).
"Cada concello podrá decidir a título individual cómo aplica la sentencia. Ahora nos toca consultar con los técnicos e intentar aprobar medidas similares", explica el presidente del órgano de poder local en Galicia, Alfredo García. "En base a la autonomía municipal -defiende-, los concellos podemos elegir el camino a seguir".
Tras cuestionar que Hacienda no presentase "alternativa alguna" nada más conocer el fallo del Constitucional - "algo que se sabía que iba a pasar", advierte-, García avanza que la comisión ejecutiva de la Fegamp del próximo miércoles presentará un documento sobre los pasos a dar tras la última sentencia del Alto Tribunal sobre el cobro del tributo municipal cuando una operación no genera beneficio alguno para su propietario.
El último fallo del Constitucional, dado a conocer el miércoles, era el esperado por los alcaldes tras las dos sentencias de inconstitucionalidad dictadas a principios de año sobre el impuesto aplicado en Guipúzcoa y Álava, que lo dejaron sin efecto.
La reciente resolución, firmada el 11 de mayo, obliga al departamento que dirige Cristóbal Montoro a reformar la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para articular el modo de dejar sin tributación las ventas en las que no haya un incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana y abre la puerta a que los propios ayuntamientos decidan paralizar su aplicación hasta que se acometa al cambio legislativo.
El impuesto de plusvalía municipal grava las transacciones de inmuebles y terrenos urbanos por el beneficio que, en teoría, se ha obtenido en una compraventa. Pero para calcularlo se toma como referencia el valor catastral y no el de mercado. Unos criterios que han provocado que durante la crisis económica, cuando tanto las ventas de pisos como los precios cayeron en picado, los ayuntamientos batieran récords de recaudación con este tributo, que es de aplicación voluntaria por parte de las administraciones y que en el caso de Galicia lo cobran un total de 115 concellos.
Solo en 2015, último año del que Hacienda dispone de datos, los ayuntamientos gallegos recaudaron más de 41 millones por el impuesto de plusvalía, un 53% más que antes del estallido de la burbuja inmobiliaria y un 22% más que el ejercicio anterior.
Durante un acto celebrado ayer en Santiago, el presidente de la Fegamp detalló que hay ayuntamientos donde la ponencia de valores es reciente, por tanto las plusvalías de los últimos cuatro años se hicieron en base a unos valores catastrales altos por lo que pueden tener más problemas al poder haber más casos donde la venta se hiciese a pérdidas. Sin embargo, en otros municipios gallegos la ponencia de valores lleva "diez, quince o veinte años" estancada por lo que los valores son bajos, y en esos ayuntamientos la incidencia de la sentencia "será pequeña".
