"El pueblo venezolano está sufriendo a grupos terroristas que queman edificios públicos, transportes, víveres o medicamentos", sostuvo ayer la diputada de En Marea, Eva Solla, en un bronco debate a cuenta del pulso entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana que ya dura más de 50 días, y que se ha cobrado 49 muertes en las protestas callejeras convocadas por las fuerzas de la oposición y contestadas por los seguidores del sucesor de Hugo Chávez. "No apoyo a quien justifica un golpe contra la población venezolana", sostuvo Eva Solla.

"No son presos políticos los que fueron juzgados según el código penal venezolano por ser partícipes de conspiraciones para derrocar a un Gobierno democrático", aseveró la diputada del BNG Montse Prado. La parlamentaria de En Marea coincidió con Prado en que "no se puede llamar presos políticos a quien ha llevado a cabo un delito recogido como tal por la Constitución".

Estas declaraciones de Solla y Prado elevaron la tensión de la discusión parlamentaria con PP gallego y PSdeG, y el resultado final fue la expulsión del portavoz de En Marea, Antón Sánchez, por parte del presidente de la Cámara autonómica, Miguel Santalices. Sánchez alzó la voz, aunque no era su turno, para denunciar "el trato desigual" dispensado a Solla en comparación con la diputada del PP, Raquel Arias.

¿Y por qué el Parlamento gallego abordó la crisis en Venezuela? Porque el PSdeG presentó una iniciativa para que el Gobierno español intensifique contactos con el Ejecutivo de Maduro para que pague las pensiones a "3.500 gallegos retornados que llevan año medio sin cobrar".

El PP gallego aceptó su aprobación, a cambio de añadirle una petición al Gobierno de Rajoy para que habilite una línea de ayudas para estos pensionistas, mientras no reciben su jubilación de Venezuela. La iniciativa contó con el voto a favor de socialistas, populares y BNG. En Marea se abstuvo.

La polémica surgió en torno a otro punto de la proposición no de ley del PSdeG, en el que se pedía al Ejecutivo español "una acción exterior firme que, apostando por el diálogo, garantizase las libertades democráticas venezolanas y la liberación de los presos políticos, así como la convocatoria de procesos electorales transparentes". Sobre este asunto, En Marea y BNG coincidieron en reclamar la eliminación de esta demanda, al considerarla "colonialista" y "una injerencia en la soberanía nacional venezolana".

"No hay que actuar como hooligans o como si estuviéramos en la época colonial, con un complejo de superioridad egocéntrico", afirmó Prado, quien apuntó que el Parlamento gallego "no debe dar lecciones a nadie ni fiscalizar la situación política en Venezuela".

El promotor de la iniciativa, el socialista Juan Manuel Díaz Villoslada, consideró "increíble" que En Marea y BNG "identifiquen oposición política con terrorismo" y se preguntó si mantendrían su discurso en presencia de "los 45.000 gallegos emigrantes en Venezuela y los 3.500 retornados que no cobran su pensión".

La diputada del PP Raquel Arias observó que En Marea defiende los derechos de los pensionistas gallegos en Noruega, pero no de los jubilados en Venezuela, y proclamó que el PP gallego "va al Parlamento a defender a las personas que lo necesitan", comentario que fue contestado desde los escaños de la segunda fuerza de la Cámara.