La rama ourensana de la operación Patos coleaba desde 2015, pero ya no. El juez de Instrucción número 1, Leonardo Álvarez, ha archivado el caso sin ver delito. En la pieza derivada de la macrocausa que se inició en Vigo en 2013, había siete investigados. La Policía dedujo de las escuchas supuestas influencias de la empresa Cespa con técnicos y políticos para condicionar la adjudicación de la concesión de parques y jardines en Ourense en 2013. El caso se cierra, aun apreciando el juez comportamientos "moralmente reprobables".

El magistrado concluye que, "de lo instruido hasta la fecha, ninguna prueba se ha obtenido que llevase a pensar que de forma intencionada e ilegal se le atribuyó a la empresa investigada la concesión". El viaje de un funcionario del concello a un congreso, a cargo de la firma, no constituye delito porque "no se puede considerar como un regalo que exceda de la mera cortesía, especialmente si tenemos en cuenta el escaso coste del viaje, que no excedió de 1.000 euros".

El enviado del ayuntamiento al viaje era el jefe de servicio de Medio Ambiente, C. J. C. Á. Según el juez, "no puede concluirse que la invitación al congreso celebrado en Málaga pretendiese influir en la resolución del concurso, sobre todo si se tiene en cuenta que la persona que asistió no formaba parte de la mesa de contratación, más allá de lo censurable que desde un punto de vista moral pueda considerarse la conducta".

El auto de sobreseimiento provisional no es firme. La Fiscalía aún puede recurrir en reforma ante el juzgado, o en apelación para que la Audiencia revise. El viernes no les constaba a las defensas que el fiscal hubiera dado el paso. La pieza en Ourense de la Patos mantuvo bajo el foco a un total de siete investigados: 4 representantes de la empresa adjudicataria, Cespa Jardinería S. L.; la empresa como persona jurídica; y dos funcionarios del área de Medio Ambiente del Concello de Ourense.

Las diligencias se abrieron en noviembre de 2015, en una pieza separada de la macrocausa que se inició bajo secreto en 2013 en Vigo para investigar presuntos delitos contra la administración pública.