La primera fase de la gran reforma del transporte por autobús en Galicia comienza hoy con la oferta de los primeros 42 contratos antes de que en 2019 se extienda al resto de líneas. Esta modificación responde no solo al varapalo judicial que tumbó la prórroga de 129 concesiones por parte de la Xunta el año pasado, sino también a la renuncia de 69 de ellas a sus contratos tras ser obligadas a prestar un año más su servicio deficitario hasta rediseñar el sistema. Las empresas alegaron esa imposición para reclamar una compensación. Esa decisión está siendo investigada por la Comisión Galega da Competencia por si se trató de una "práctica concertada" por parte del sector, algo prohibido por ley.

Todo arrancó en 2010 con la prórroga por una década de 129 concesiones de transporte público -de las 143 existentes- por parte de la Xunta a cambio de la modernización de las flotas. El año pasado, sin embargo, el Tribunal Supremo tumbó esa decisión porque se hizo efectiva poco después de que la UE estableciese los diez años como límite de cada contrato. Tras el fallo, el Ejecutivo autonómico reaccionó con una ley que obligaba a las empresas a prestar el servicio hasta agosto de este año, en que elaboraría un nuevo mapa y así no dejar a miles de ciudadanos sin servicio.

Las empresas renunciaron, sin embargo, a 69 concesiones por ser deficitarias y buscaron una compensación por esa orden de operar con pérdidas. Tras conocer "por diversas vías" esos plantones, Competencia ha abierto una "información reservada" sobre el caso, pues detecta indicios de que el sector se puso de acuerdo en su medida de respuesta a la Xunta, una "práctica concertada, prohibida por la ley 15/2007 del 3 de julio de Defensa de la Competencia".

Esos datos constan en el requerimiento de información que el Consello Galego de Competencia remitió el pasado día 18 a la asociación Fegabus, en tanto que aglutina a "un buen número de los operadores del sector". Les reclama que detalle si se abordó "la posible renuncia" a las concesiones en alguna reunión y que identifique los socios que optaron por esa vía.

La Xunta revelará hoy los contratos que adjudicará por dos años antes de la reforma de 2019 para así ceñirse al plazo de 10 años marcado por la UE. Se trata de 38 zonales y otros cuatro de larga distancia que suponen un negocio cercano a los 50 millones. La principal novedad radica en que se permitirá que los viajeros puedan utilizar el transporte escolar. Esta integración afectará a medio millar de rutas escolares, lo que supone el 10% de ellas, que pasarán a depender de la Consellería de Infraestruturas. El resto se mantendrá en Educación.

El bus mantendrá sus frecuencias y paradas y, si existen plazas disponibles, incorporará viajeros a cambio del precio de un billete. Antes y después del recorrido escolar, el servicio podrá realizar otras paradas, al igual que durante el horario lectivo.