A la espera de que Hacienda reforme el impuesto de plusvalía municipal, un cambio forzado por una sentencia del Tribunal Constitucional que anula el gravamen cuando la venta de un inmueble no genera ganancia alguna, los ayuntamientos ya se han movilizado para que no sean ellos los que carguen con el coste de las devoluciones. Una semana después de que los alcaldes gallegos reclamasen al Gobierno central que aclarase qué administración se haría cargo del desembolso por la anulación del impuesto municipal cuando no hay beneficios, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, exigió al departamento que dirige Cristóbal Montoro resarcir "al cien por cien" el coste que provoque en las arcas municipales.
Los ayuntamientos han acordado enviar a Hacienda "dos grandes propuestas". La primera consiste en reformar el impuesto, fijando su base liquidable con criterios objetivos y que el catastro elabore un índice anual de la evolución de los suelos, lo que resolvería, según la FEMP, "la indefinición que describe el Tribunal Constitucional". La segunda sería "subjetiva" e implicaría aplicar una "base imponible para ser gravada", que según Caballero sería "la plusvalía real: el valor de venta menos el valor de compra". El impuesto, según detalló Caballero, gravaría si el valor es mayor y no gravaría en caso de una minusvalía, ha señalado.
"No puede ser que un coste legislativo lo soporten los ayuntamientos", sentenció el también alcalde de Vigo, al tiempo que reclamó a Hacienda que resuelva "en unas semana" el "vacío legal" tras el reciente fallo del Constitucional. Una sentencia del Alto Tribunal y un silencio por parte del Gobierno central que ha llevado a algunos ayuntamientos, entre ellos Vigo y Soria, a paralizar el cobro del impuesto hasta que Hacienda acometa la reforma de Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Ya la semana pasada, el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y alcalde de O Barco, Alfredo García, avanzó que la comisión ejecutiva del órgano de poder local analizaría los pasos a dar tras la anulación parcial del impuesto de plusvalía. "A los concellos nos van a empezar a reclamar un dinero de acuerdo a una decisión del Gobierno central en la que las administraciones locales no tuvimos participación alguna", advertía García en declaraciones a este periódico. "A partir de ahora -añadía- habrá que dirimir de quién es la responsabilidad y quién asume las devoluciones".
Caballero, que ha asegurado que no han hecho desde la FEMP una estimación de las pérdidas por la anulación de parte de este impuesto, apuntó ayer que, por la liquidación de impuestos de años anteriores, los ingresos municipales por este concepto fueron en 2016 de unos 2.000 millones.
Un portal especializado en reclamaciones -reclamador.es- calcula que los contribuyentes gallegos que pagaron la plusvalía municipal pese a no obtener beneficio en la transacción podrían reclamar hasta 82,3 millones de euros, a razón de unos 4.500 euros de media por cada una de las 18.300 operaciones con pérdidas registradas en los últimos cuatro años en la comunidad autónoma (los ejercicios no prescritos): 8.100 en la provincia de A Coruña, 5.600 en Pontevedra, 2.600 en Lugo y 2.000 en Ourense.
La FEMP reclama al Gobierno que constituya un grupo de trabajo para estudiar de qué forma se va a compensar "al cien por cien" a los ayuntamientos, ya que ese impuesto no se puede hacer responsable a los ayuntamientos de esa base imponible".
Financiación local
Para los alcaldes, esta cuestión no puede esperar a la reforma de la financiación local, ya que esta "va a requerir un tiempo" para su puesta en marcha, mientras que el impuesto sobre la venta de terrenos, "en cuestión de semanas", tiene que llegar al Parlamento porque hay un vacío legal.
Caballero advirtió de que ahora los interventores municipales aplican su criterio en las ventas de terrenos e inmuebles y "aceptamos o no su criterio", e insistió en que no han hecho una estimación "del impacto hacia atrás" de este gravamen, "en todo caso lo hará Hacienda, que tiene que resarcir a los ayuntamientos".
Respecto a que algunos abogados aconsejen a sus clientes que recurran anteriores ventas con pérdidas en las que se ha pagado esa plusvalía, Caballero precisó que, en algunos casos, aceptan un acuerdo, pero que las apelaciones no están siendo "masivas", informa Efe.
