Las comunidades autónomas siguen metiendo la tijera a su administración paralela. Los chiringuitos públicos se hacen cada año con una suculenta cantidad de fondos gracias a las inyecciones que reciben de los Ejecutivos autonómicos. Pero el impacto de la crisis en las arcas públicas puso en el punto de mira a entidades, fundaciones y sociedades adscritas que, en muchos casos, arrastraban una situación patrimonial delicada. España cuenta en la actualidad con un total de 1.821 entes públicos, 112 de ellos en Galicia, según datos hechos públicos ayer el Ministerio de Hacienda.
Este balance coloca a la comunidad gallega como la cuarta que más chiringuitos liquidó en los últimos cinco años, con un 32,12% menos que los 165 contabilizados en 2012. En el conjunto de las autonomías, la extinción de la llamada administración paralela durante el último lustro se quedó casi diez puntos debajo de la conseguida en Galicia, con una caída media del 23,29%.
El inventario de entes dependientes de las autonomías revela que en estos últimos cinco años se eliminaron en España más de 550 organismos -53 de ellos en la comunidad gallega- y otros 190 están en procesos muy próximos a su extinción o están en proceso de liquidación.Comunidades
A la cabeza de las comunidades que más metieron la tijera a su administración paralela está Baleares (-53,76%). Le siguen en el ranking Castilla-La Mancha (43,64%) y Murcia (42,22%). Y en el cuarto puesto de la tabla nacional está Galicia (-32,12%).
En el extremo opuesto están Asturias (-10,98%), Andalucía (-12,15%) y Canarias (-12,64%).
Pese a la supresión de casi uno de cada cuatro chiringuitos en los últimos cinco años, hay comunidades como Cataluña que casi rozan los 400 entes públicos. También por encima de 300 entes está Andalucía (318). Y por encima del centenar, además de Galicia, se encuentran Madrid (150), Comunidad Valenciana (125) y Aragón 102). Las autonomías con menos organismos son La Rioja (24), Castilla-La Mancha (31) y Cantabria (47).
Eclosión de entes públicos
El mapa de chiringuitos en Galicia tuvo una etapa de eclosión durante la etapa de Manuel Fraga como presidente de la Xunta, con la creación de más de un centenar de organismos paralelos que se sumaron a la treintena de sociedades que estaban adscritas a las diferentes consellerías antes de 1990. Durante el bipartito (2005-2009) se crearon una veintena de organismos más, aunque fue entonces cuando se inició el proceso para la supresión de las 34 fundaciones comarcales. Este proceso culminó con la llegada del PP a la Xunta, que implantó con cuatro años de ventaja las políticas que después el Gobierno de Rajoy adoptó para aliviar la carga que supone la administración paralela.
Fue en 2012 cuando el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) adoptó una serie de compromisos en materia de reordenación y racionalización del sector público instrumental y de control, eficiencia y reducción del gasto público.
Según la tipología del ente, destaca la reducción experimentada en los últimos cinco años en el número de consorcios, sociedades mercantiles, entes públicos y fundaciones dependientes de las comunidades autónomas. En concreto, los entes públicos se redujeron un 30,54% en el conjunto del país, mientras que las sociedades mercantiles bajaron un 29,80% y los consorcios, un 27,59%, según el balance de Hacienda. Por el contrario, las agencias aumentaron un 116%, aunque su número es muy limitado (7) y más de un 43% las entidades públicas empresariales.
Ahorro y control
Ahorro y control
La liquidación o fusión de los entes públicos ha permitido una amortización de empleos y, en consecuencia, ahorro en nóminas y en gasto corriente. El ahorro en la comunidad es de unos 60 millones al año.
La Xunta impulsó hace un año un plan, a tres años, por el que obliga a la administración paralela a trabajar por objetivo y con el que refuerza su control. En la hoja de ruta que marcan desde las Consellerías de Presidencia y Facenda, los organismos deben marcar objetivos "claros, sencillos, concretos, alcanzables y medibles" a medio y largo plazo, pero también "metas a corto plazo" que sirvan para "determinar las actuaciones necesarias para lograr el cumplimiento" de las líneas mientras a más tiempo vista.
'No' a la duplicidad
El plan estratégico del Ejecutivo gallego persigue acreditar que los entes no generan una "duplicidad" de servicios públicos, que es precisamente la principal crítica que soporta la administración paralela.
A la supervisión que hasta ahora tenían de la Intervención Xeral, se añade otro organismo más para vigilar los chiringuitos. De manera que cada sociedad instrumental cuente con un "órgano de control" formado por un representante suyo -con voz pero sin voto-, otro de la Consellería de la que dependa y dos más de Facenda y Presidencia. Al menos una vez año tendrán que reunirse para examinar el estado de las cuentas.
