Un desalojo que acabó en batalla política

El Concello de Santiago critica la intervención policial contra los okupas de un edificio del casco histórico - El PP le recrimina "su sensibilidad con quienes incumplen la ley"

05.06.2017 | 01:32
Disturbios en el enfrentamiento entre policías y manifestantes, el pasado martes en Santiago.

El número 11 de la compostelana Rúa Algalia de Arriba, un histórico edificio blasonado, situado en pleno casco histórico, pasó de ser la sede del grupo folclórico Cantigas e Agarimos a ser okupado en 2014 por un grupo de jóvenes que montaron un centro cultural alternativo llamado Escarnio e Maldizer. Y el cambio de nombre fue premonitorio, porque el pasado martes la Policía Nacional desalojó el inmueble okupado desencadenando en las calles una batalla campal entre los antidisturbios y los manifestantes que protestaron por el tapiado del centro y en los despachos políticos una tormenta que situó en el foco a uno de los alcaldes del cambio. El regidor de Santiago, Martiño Noriega, y su equipo de gobierno, no solo criticaron la inadecuada actuación policial, sino que inmediatamente después el Concello abrió expediente a los propietarios del edificio desalojado por el tapiado de las puertas de este inmueble.

La posición de Compostela Aberta, el partido de Martiño Noriega, ha sido la mecha que ha incendiado la discusión política. El portavoz municipal del PP y exregidor, Agustín Hernández, ha acusado al alcalde de Santiago de "incitar al incumplimiento de las decisiones judiciales". Hasta el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha reprendido a Noriega: "no se puede mover uno en la tibieza permanente".

Las formaciones de la confluencia han crecido curtiéndose en batallas contra los desahucios y sintonizando con grupos okupas. Y ahora que han obtenido la alcaldía de algunas ciudades les toca moverse en la delgada línea que separa la defensa de la legalidad con su simpatía hacia estos movimientos sociales. Tanto la regidora de Madrid, Manuela Carmena, como la de Barcelona, Ada Colau, se han manifestado ya claramente en contra del desalojo de okupas en sus respectivas ciudades.

Y ahora le ha tocado "mojarse" a Martiño Noriega. Para el PP la postura del Concello de Santiago en el desalojo del edificio de Santiago se ha convertido, sin embargo, en una nueva arma de desgaste para atacar a los alcaldes del cambio. "O se está con las libertades de derecho o se está en contra", apuntó Feijóo.

El edificio objeto de conflicto tiene unos 130 metros cuadrados y fue sede durante décadas del grupo cultural Cantigas e Agarimos que lo tenía en arrendamiento. En 2009 el inmueble fue adquirido por una importante promotora inmobiliaria y puso fin al contrato de renta antigua que se pagaba desde 1957. La asociación cultural buscó otra sede y el inmueble quedó vacío. Así estuvo durante tres años, hasta que en 2014, durante el gobierno municipal del PP, un grupo de jóvenes lo convirtió en un centro de cultura popular.

Y así permaneció hasta que esta semana los propietarios ordenaron a la Policía Nacional desalojar el edificio. En el momento en el que intervinieron las fuerzas de seguridad no había nadie en el inmueble, así que se acordonó un tramo de la calle y se tapiaron puertas y ventanas con bloques de hormigón. A pocos metros, medio centenar de jóvenes se concentraron en protesta por el desalojo, pero no hubo incidentes. Lo peor llegaría por la tarde.

Y el Concello reaccionó: "Es un desalojo que no avalamos por entender que no es la manera adecuada de proceder por parte de las instituciones públicas y los cuerpos de seguridad del Estado". El equipo de gobierno de Noriega se quejó de que no se había informado al consistorio de esta actuación y defendió que los okupantes del centro de la Algalia no generaron "ningún problema ni de convivencia ni de seguridad". "Siempre defenderemos el reconocimiento de las manifestaciones culturales de iniciativa popular, como es el caso de los centros sociales okupados que optan por funcionar al margen de las instituciones", señalaron en un comunicado.

La batalla campal entre antidisturbios y manifestantes estalló por la tarde. Medio millar de personas protestaron por las calles compostelanas contra el desalojo, entre ellos algunos encapuchados. La protesta acabó en enfrentamiento. Hubo carga policial, con gases lacrimógenos y pelotas de goma, y los partidarios de los okupas lanzaron tornillos con tirachinas, quemaron contenedores y causaron numerosos destrozos en el mobiliario urbano. Seis agentes de policía terminaron heridos y hubo un detenido, que ya salió en libertad con cargos.

Tras esta violenta manifestación se ha anunciado una nueva protesta para el próximo sábado día 10 que amenaza con volver a provocar disturbios. Compostela Aberta no ha aclarado si apoyará esta movilización.

En todo caso, desde el Concello de Santiago se advirtió que esas escenas de violencia del pasado martes son "intolerables" y que "no se pueden amparar ni justificar". Aún así, tanto Compostela Aberta como el BNG y En Marea consideran que la intervención policial fue "desproporcionada".

Al día siguiente el gobierno local sorprende al anunciar que abrirá expediente a la promotora que tapió el edificio por realizar una obra menor sin la correspondiente licencia y utilizando materiales prohibidos en el casco histórico. El inmueble está catalogado con un nivel de protección dos en una escala de cuatro por estar en un centro histórico que además es Patrimonio de la Unesco.

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