Los ayuntamientos se plantean extender el cobro de la plusvalía a los inmuebles rústicos

Proponen gravar la compraventa de prados, explotaciones y construcciones agrícolas - Así se amortiguaría la caída de ingresos por la anulación del impuesto en las ventas urbanas a pérdidas

06.06.2017 | 12:29

Hacienda ya tiene sobre la mesa las propuestas de reforma de los ayuntamientos sobre el impuesto de plusvalía municipal, que ha sido anulado por el Tribunal Constitucional para las operaciones en suelo urbano (venta de inmuebles, herencias, donaciones o permutas) cuando no se genere beneficio alguno. Una de las medidas propuestas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para amortiguar la caída de ingresos que conlleva la sentencia del Alto Tribunal pasa por extender a las transacciones en suelo rústico la aplicación del gravamen. Es decir, aplicarlo también a las ventas o herencias de fincas, prados, explotaciones, construcciones de uso agrícola y otros inmuebles de naturaleza semejante, ya que en la actualidad tan solo afecta a los bienes de naturaleza urbana, tal y como pone de manifiesto el nombre del tributo: Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.


Los alcaldes proponen que el tributo se calcule aplicando un gravamen con la diferencia entre el valor de transmisión y el de adquisición. Ahora bien, la base imponible no sería solo el valor del suelo sino también el de la construcción.

Las administraciones locales también buscan compensar la pérdida de ingresos que generará a las arcas municipales la reforma del impuesto con el cobro con operaciones con plusvalías generadas en periodos inferiores a un año, ahora exentas ya que tan solo se tiene en cuenta años enteros.


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Con el objetivo de evitar la doble imposición, ya que las ganancias que puede generar la venta de un piso también tributan en el IRPF, el órgano de poder local, presidido por Abel Caballero, plantea que la cuota del impuesto de plusvalía sea deducible en los tributos estatales.

La FEMP urge a Montoro que actúe este mismo mes de junio ante el "vacío legal" tras la sentencia del Constitucional. En un fallo del pasado mes de mayo, el Alto Tribunal sentenció que es contrario a los principios constitucionales que, por el procedimiento utilizado para calcular la base imponible, se obligue a tributar incluso a quienes vende un inmueble (solar, vivienda, nave...) con pérdidas, una situación frecuente desde el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.


Ni el Gobierno central ni la FEMP tienen cifras sobre el alcance de las devoluciones a contribuyentes que desde 2013 abonaron el impuesto pese a realizar una venta a pérdidas. Pero la sociedad de tasación Tinsa y un portal especializado en reclamaciones -reclamador.es- han realizado una estimación sobre el número de propietarios afectados y el importe de los fondos que tendrán que ser abonados. Según Tinsa, unos 18.300 contribuyentes gallegos podrán solicitar la devolución del impuesto por haber operaciones sin plusvalías: 8.100 en la provincia de A Coruña, 5.600 en Pontevedra, 2.600 en Lugo y 2.000 en Ourense. Y la cantidad a devolver en Galicia, según cálculos del portal de reclamaciones, supera los 82 millones.

Los datos hablan por sí solos. Pese a caer las ventas de pisos durante la crisis y desplomarse los precios, año tras año ha ido en aumento la recaudación municipal de este impuesto. Los 115 concellos que cobran este gravamen en Galicia -se trata de un impuesto de carácter voluntario que los ayuntamientos deciden si lo aplican o no- batieron récord de recaudación el año pasado, con más de 41 millones de euros en 2015 (último ejercicio del que Hacienda tiene datos disponibles), lo que supone un 22% más que el ejercicio anterior y un 53% más que antes de que estallase la crisis del ladrillo.


En Galicia, los alcaldes se plantean paralizar el cobro del impuesto mientras Madrid no reforme la Ley de Haciendas Locales e incluso reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado ya que -advierten- es el Ejecutivo central el que hizo la norma y, por tanto, "no puede ignorar su responsabilidad". Tras el último fallo del Constitucional, que abre la puerta a devoluciones millonarias a contribuyentes que vendieron a pérdidas desde el año 2013, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) ha empezado a elaborar un "informe guía" que definirá el plan de acción a seguir en los concellos, aunque cada municipio podrá decidir si aplica o no el tributo en base a su "autonomía municipal".

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