Competencia expedienta a 25 empresas por "repartirse" contratos del AVE

Aprecia indicios de un cártel para distribuirse las licitaciones de sistemas de electrificación y su mantenimiento en líneas convencionales y de alta velocidad

07.06.2017 | 13:19
Obras del AVE a su paso por la provincia de Ourense.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador a 25 empresas, entre la que figuran multinacionales como Alstom y Siemens, y grupos españoles como ACS, OHL, Isolux, Abengoa e Indra, por supuestamente conformar un cártel que se repartía contratos públicos de instalación de sistemas de electrificación y su mantenimiento en líneas de AVE y también convencionales.


El expediente del superregulador es consecuencia de la investigación iniciada en 2016, en el marco de la cual realizó inspecciones en las sedes de Alstom y Elecnor el pasado año, y en las de Cobra (ACS), Electren y Siemens en enero de este ejercicio.


La CNMC asegura haber detectado indicios de que las empresas se repartían las licitaciones de contratos de construcción y mantenimiento de sistemas de electrificación y equipos electromecánicos, tanto en corredores de alta velocidad como de ancho ibérico.

Listado

El expediente se ha abierto a multinacionales implantadas en España como Alstom y Siemens, a grandes constructoras como ACS, Comsa, OHL, Isolux Corsán, y Sacyr, y a sus respectivas filiales de electrificación, Cobra, Cymi y Semi, en el caso del grupo que preside Florentino Pérez, Comsa Instalaciones y Sistemas, Eym (OHL) y Neopul (Sacyr). Asimismo, el expediente de la CNMC también incluye a la compañía tecnológica Indra y a las firmas de instalaciones industriales Electren, Citracc (y su matriz Delejor 13), Cosemel, Elecnor, Inabensa y su matriz Abengoa, y Telice y su matriz Fuenteblandor.


Fuentes de la CNMC indicaron que por el momento no pueden precisar qué líneas concretas del AVE serían las afectadas por esta práctica supuestamente irregular ni a qué comunidades autónomas alcanzaría. No obstante, algunas de las empresas investigadas son las que están ejecutando el AVE gallego, sin que a estas alturas se pueda determinar si los contratos respondieron al reparto presuntamente acordado de antemano.


El órgano que preside José María Marín Quemada recuerda que la apertura de un expediente no prejuzga el resultado de la investigación, sino que inicia un periodo de 18 meses para instruirlo y enviar su resolución al consejo de la Comisión. El expediente abierto en el sector de la electrificación ferroviaria se enmarca en la "batalla" que la CNMC libra contra los cárteles, una de las "prioridades" de su actuación, dada la "gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y sobre el correcto funcionamiento de los mercados". En el caso de los contratos públicos, la concurrencia de un cártel puede supone un encarecimiento de las obras, con el consiguiente impacto en las arcas públicas.


Indra aseguró ayer, tras conocerse la apertura del expediente, que no ha llevado a cabo ninguna conducta restrictiva de la competencia, ni directa ni indirectamente.

Fuentes oficiales de Indra confirmaron a Europa Press que la compañía ya ha recibido la notificación sobre la investigación, pero inciden en que hasta la fecha no se ha realizado en la empresa ninguna inspección relacionada con este tema.

Además, añaden que la compañía ha facilitado toda la información que le ha solicitado el regulador, "manteniendo el más alto grado de colaboración con dicha institución".

En este contexto, Indra asegura que no ha llevado a cabo "ninguna conducta restrictiva de la competencia, ni directa ni indirectamente", como a través de consorcios o UTE, y remarca que siempre ha operado respetando las normas de la competencia.

Adif


La investigación de Competencia no es la única que hay actualmente abierta por la ejecución de las obras del AVE. Un juzgado de Barcelona inició el llamado caso Adif, que pretende determinar si personal del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias avaló informes con sobrecostes inflados en favor de las constructoras a cambio de sobornos. Y si bien las supuestas irregularidades se limitaban en principio a Barcelona, luego se extendieron a Castilla y León, País Vasco y Asturias, llegando también una de sus ramificaciones afecta a Galicia, al tramo Ourense-Amoeiro, que fue adjudicado a Isolux Corsán.


La empresa, según los informes de la Guardia Civil, habría pagado al director de obra de Adif en el tramo gallego el viaje, el alojamiento y las entradas al partido de la Supercopa de Niza en 2010, con un coste superior a los 1.500 euros. La empresa halló dificultades en las obras y trató de conseguir un proyecto modificado. A raíz de esta causa judicial, Adif abrió expedientes internos con el fin de esclarecer los presuntos sobornos a cargos de la empresa pública, tal como acaba de reconocer el Gobierno central.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

 

El periódico continuará ofreciendo, día a día, segundo a segundo a través de su web, el aire fresco que introdujo en 2000 en el panorama informativo coruñés

 

Enlaces recomendados: Premios Cine