El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, Andrés Lago, ha prorrogado otros 18 meses la investigación del accidente del tren Alvia en Angrois en el que fallecieron 80 personas y 144 resultaron heridas, de forma que cuenta ahora de plazo hasta diciembre de 2018. En un auto con fecha de 6 de junio el juez establece que este nuevo plazo "se considera suficiente para poder concluir la presente instrucción".
A finales de mayo, el fiscal jefe de Santiago, que se encarga principalmente del caso desde la marcha de Antonio Roma, solicitó esta prórroga por la "probable" ampliación de la causa, con "numerosas" diligencias solicitadas "además de nuevos encartados" para dilucidar si era necesaria una evaluación integral del riesgo en la línea ferroviaria de Ourense a Santiago y su posible relevancia en el juicio. En su escrito, Lago hace "propios" los motivos expuestos por el Ministerio fiscal, tras indicar que están "pendientes de práctica aquellas diligencias de investigación de naturaleza indispensable".
El magistrado expone que "es necesario resolver" las nuevas diligencias que pidieron las partes, como nuevas imputaciones por parte de las víctimas y documentación el abogado del maquinista. Pero, "para ello", subraya, "resulta esencial saber antes" si el recurso de apelación interpuesto en su día contra el auto por el que se imputa a quien fuera director de seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, "resulta o no estimado". "En función de ello, también habrá de variar el contenido de la resolución por la que se decida qué diligencias han de practicarse de entre las múltiples propuestas por las partes", apunta el instructor.
El juez atribuye a Cortabitarte 80 supuestos delitos de homicidio y 144 de lesiones por imprudencia profesional grave, por no cumplir los requisitos relativos a la evaluación de la peligrosidad en la vía, en la línea Ourense-Santiago, donde se produjo el descarrilamiento el 24 de julio de 2013. Junto con él, el maquinista, Francisco José Garzón, es el otro investigado por los mismos delitos por el accidente del Alvia.
El abogado de Cortabitarte alegó que "no es Adif quien autoriza la puesta en servicio de una línea, sino la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento", y también derivó responsabilidades hacia Ineco. También el propio administrador de infraestructuras ferroviarias presentó recurso, esgrimiendo que "ni jurídica ni técnicamente era aplicable la normativa europea que habría exigido una evaluación de riesgos distinta".
Proceso
La causa, que se prolongará hasta diciembre de 2018, se cerró por primera vez en octubre de 2015 cuando Lago Louro decidió archivarla con el maquinista como único investigado. Antes que Lago Louro, había instruido el caso el juez Luis Aláez, que había sentado en el banquillo a responsables de Adif hasta en dos ocasiones, aunque sus imputaciones no siguieron adelante porque fueron desestimadas por la Audiencia.
La Audiencia Provincial de A Coruña ordenó la reapertura de la causa en mayo del año pasado porque considera que se necesitaban nuevas pruebas para determinar si la evaluación del riesgo de la línea, y en concreto en la curva de A Grandeira donde se produjo el siniestro, era necesaria y obligatoria.
