Desacuerdos entre exparejas derivados de los procesos de separación o divorcio centran los casos de mediación intrajudicial que se resuelven en las oficinas habilitadas en todas las ciudades gallegas sin necesidad de llegar a juicio. El sistema fue implantado por la Xunta en 2009, que contribuye a su financiación con más de un millón de euros desde su implantación, en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía. Se trata sobre todo de pleitos relacionados con las condiciones de la pensión alimenticia y el régimen de visitas de los hijos menores o, en menor medida, de abuelos que quieren visitar a sus nietos y liquidaciones de sociedades adquiridas en gananciales.

Desde la primera experiencia piloto de la Xunta que arrancó en Santiago en 2009 y recibió 36 casos en su primer año en funcionamiento se pasó a las 518 el año pasado. En total, son 1.972 desde que se puso en funcionamiento este método, lo que supone una veintena al mes. Respecto al total de asuntos ingresados en los Juzgados de Familia de la comunidad, este sistema solo absorbe el 3,6% del total pero son tres puntos más que apenas el 0,36% que suponía hace siete años. Seis de cada diez parejas derivadas a los equipos de mediación familiar de alguno de los 17 tribunales especializados en asuntos de familia iniciaron el proceso en su fase inicial con la sesión informativa previa que en la que se informa a los excónyuges del procedimiento y que decidan de forma voluntaria si lo aceptan o prefieren ir a juicio. De ellas el 40% decidieron someterse al proceso y el 60% se saldaron con acuerdo de forma amistosa.

Vigo, a pesar de inaugurar su oficina de mediación cuando ya estaba vigente en Santiago y Ourense, lidera el número de conflictos familiares tramitados a través de este servicio con un total de 183 el año pasado. En la segunda posición se coloca A Coruña con 108 asuntos familiares gestionados en su segundo año en funcionamiento, 13 veces más que los ocho con los que arrancó el servicio en 2015. El podio lo completa Pontevedra al rozar el centenar de derivaciones, el triple de los 29 que trató el equipo de la oficina en 2014 durante su primer ejercicio de actividad.

La extensión del sistema a las distintas urbes gallegas ha provocado que las más antiguas, Santiago y Ourense, no sigan la tendencia general y registren un descenso de asuntos en 2016.

De esta forma, en Ourense se cerró el año con 68 mediaciones en conflictos familiares, medio centenar menos que los 107 del ejercicio anterior. En el caso de la capital gallega son 42 pleitos tratados por esta vía, una veintena menos que los 61 del año anterior y 45 por debajo de las 97 contabilizados en 2011, ejercicio en el que se alcanzó el máximo. La última urbe en incorporarse a este método ha sido Lugo, con 18 mediaciones, el doble que las nueve de 2015.

Los órganos judiciales llevan años defendiendo la mediación porque además de aminorar el trauma emocional de las partes afectadas, contribuye a aliviar el colapso que arrastran los tribunales gallegos. La mediación familiar ya empieza a ser aceptada y extenderse pero la penal es la asignatura pendiente y apenas está extendida en España, al contrario que en otros países europeos. Este proceso intrajudicial cuenta con defensores que dicen que permite más participación a las víctimas, mientras que por parte del infractor permite que se concience y responsabilice del delito cometido. A principios de año en Vigo se derivó a la mediación el primer caso penal que se resolvió en acuerdo, a pesar de que era un delito grave: un atropello mortal.

Pero ¿en qué consiste la mediación intrajudicial penal? Se trata de la participación voluntaria del acusado de un delito y de la víctima o familiares en un proceso conducido por un mediador imparcial para lograr la reparación al daño causado. Después de las primeras entrevistas informativas, el procedimiento consiste en sesiones individuales y, si es posible, conjuntas entre infractor y perjudicado.

Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en un proceso de este tipo la víctima "puede participar de forma activa y voluntaria" en la resolución del conflicto. "Le permite ser reparada por los daños y perjuicios morales y materiales sufridos y la recuperación de la tranquilidad personal", señalan. Sobre el acusado, la mediación, resalta el CGPJ, "le facilita la concienciación y el responsabilizarse de las propias acciones y consecuencias, así como la posibilidad de entender el delito y obtener beneficios previstos en el Código Penal".

En Santiago también se trabaja desde el año pasado en el programa experimental de mediación penal. Más de un tercio de los asuntos derivados por los juzgados de instrucción de Santiago de Compostela terminaron con acuerdo de todas las partes implicadas.