Ingenieros avisan de mayor riesgo de incendios en Ourense y en el centro del país

La meteorología y el origen del foco son los factores determinantes en el alcance de las llamas

15.06.2017 | 12:10

El riesgo de incendios forestales será mayor este año en el interior de Galicia, en especial en la provincia de Ourense, y en el centro peninsular, donde la temporada ha sido "especialmente seca" y no hay previsión de precipitaciones hasta otoño. Así lo advirtió ayer el decano del Colegio de Ingenieros de Montes, Eduardo Rojas, quien señaló que en las demás zonas "dependerá del régimen de vientos, porque si se estabiliza el Levante, el Mediterráneo, por ejemplo, estará tranquilo".

En cuanto a la virulencia de los fuegos, "no será un problema de medios" -matizó-, sino que dependerá igualmente de la meteorología y de dónde se produzcan los focos, "muchas veces en lugares peligrosos ligados a veranos complicados".

Según detalló, existen cuatro elementos que influyen en el fuego: el estado de los montes, las características de la última temporada, la meteorología del verano y los puntos de ignición.

No obstante, "todos los veranos son potencialmente malos", añadió la vicedecana, Inés González Doncel, y "con esa previsión se preparan las administraciones", cuyo esfuerzo ha reconocido. En España, explicó, las provincias más desérticas son las menos problemáticas y el problema radica donde existe mucha masa forestal, como es el norte del área mediterránea y Galicia, mientras que en lugares que permanecen húmedos todo el año, como Guipúzcoa o Navarra, el peligro es menor.

En el encuentro organizado ayer en Madrid, ambos analizaron las fortalezas y debilidades de España en materia de incendios forestales y coincidieron en que la prevención "continúa siendo la asignatura pendiente".

Desde el inicio de la crisis, en el año 2008, el presupuesto destinado a prevención ha caído un 80%, hasta los 300 euros que las comunidades autónomas perciben íntegramente de los fondos europeos integrados en los planes de desarrollo rural.

Sin embargo, reconocieron el Estado hace una aportación "muy razonable" al presupuesto de extinción, que ronda los 1.500 millones de euros, un 20% menos que antes de la crisis, informa Efe.

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