La conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, inauguró ayer en Santiago el III Congreso de Disciplina Urbanística y en el que expertos del sector abordan las últimas novedades de este ámbito en materia legislativa. En su intervención, Mato destacó que el año pasado la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) resolvió un total de 458 expedientes en la comunidad, lo que supone la detección cada mes de casi 40 obras ilegales en suelo rústico o en zona de costa no edificable.

Acompañada por el director de la APLU, José Antonio Cerdeira, y la directora xeral de la Administración Local, Marta Fernández Tapias, la conselleira de Medio Ambiente destacó que este cónclave es un "excelente foro de discusión" para "poner en común las experiencias profesionales" en relación al territorio y al ámbito legislativo, y que tiene como fin último avanzar hacia "un desarrollo urbanístico sostenible y equilibrado".

Mato destacó el trabajo realizado por los inspectores de la APLU desde su constitución hace casi diez años, apuntando que su labor "es capital" a la hora de "garantizar la ordenación urbanística y los usos del suelo", además de "velar por el cumplimiento de la legislación urbanística". En la actualidad, la agencia dependiente de la Consellería de Medio Ambiente cuenta con un total de 66 concellos adheridos. Mató manifestó su confianza en que la cifra aumente, para así "seguir avanzando en la implantación de una nueva cultura", que cambie la disciplina del tú vete haciendo por el hazlo bien.

Destacó además el nuevo marco normativo gallego, en alusión a la Lei do Solo, en vigor desde marzo del año pasado, calificándola como "excepcional". Con ella, según destacó, la Administración procura alcanzar tres objetivos principales "que los 313 ayuntamientos gallegos tengan un plan xeral, avanzar en la protección del paisaje y conseguir el desarrollo del rural".