ÚLTIMA HORA
Al menos dos muertos tras chocar un tren y un autobús escolar en Francia

Los concellos rastrean las casas que no están rematadas y buscan a sus dueños antes de tramitar las multas

Los alcaldes empiezan a hacer censos de viviendas inacabadas o en mal estado. Antes de abrir expediente sancionador a los propietarios, les mandarán cartas informativas para que las arreglen

19.06.2017 | 11:09

Los alcaldes empiezan a mover ficha para corregir una de las huellas más visibles del feísmo en Galicia. Solares con casas a medio levantar, edificios que son solo un esqueleto de ladrillo, fachadas sin recebar, viviendas con cemento a la vista o cierres de parcelas a base de somieres o chapas metálicas? La lista del caótico paisaje urbanístico en la comunidad es larga. Y desde que hace ya más de un año entró en vigor la nueva Lei do Solo, estas aberraciones que minan el territorio gallego están castigadas con multas de entre 1.000 y 25.000 euros.


Por ahora, ningún concello, administración sobre la que recae la competencia sancionadora y la obligación de dirigirse a sus vecinos para que rematen sus viviendas, ha interpuesto multa alguna a los propietarios. Pero los regidores ya han dado orden a sus técnicos o policías locales para que rastreen el término municipal y así elaborar un censo de inmuebles inacabados o en estado ruinoso y proceder el envío de cartas informativas a sus dueños instándoles a finalizar las obras pendientes o arreglar los desperfectos que puedan provocar daño a los viandantes.

Pedagogía

"No se abre expediente alguno, solo se comunica a los dueños la situación de su casa para que la arreglen. No hay ánimo de recaudación, antes la pedagogía que la sanción", explica el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alfredo García. El también alcalde de O Barco ya tiene prácticamente cerrado el censo de viviendas sin terminar en su municipio, la mayoría con ladrillo o bloques al aire y un par de esqueletos de hormigón.

La nueva Lei do Solo, en vigor desde marzo del año pasado, desde deja en manos de los ayuntamientos la labor de controlar y sancionar a los vecinos de construcciones sin rematar, e incluso la obligación de hacer frente a las obras o demoliciones necesarias en el caso de que los propietarios no atiendan los requerimientos.


Desde la Fegamp, se apuesta por la información antes que la sanción. Y en el caso de que sean muchos los dueños que se resistan a acabar el exterior de sus viviendas, los concellos se plantean delegar en la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, la potestad sancionadora. "Esperamos que un porcentaje elevado finalice sus viviendas por convencimiento", confía el también alcalde O Barco.


En el inventario iniciado ya por algunos ayuntamientos gallegos sobre los inmuebles a medio construir, abandonadas o en estado ruinoso, se incluyen fotografías de cada vivienda, así como la identidad del dueño, su domicilio y su teléfono. En todos aquellos casos en que es posible dar con el propietario, el ayuntamiento le informará de la situación en la que se encuentra el inmueble para que corrija las deficiencias que presenta.

Primeras notificaciones

Tras las primeras notificaciones tramitadas desde las alcaldías gallegas ya ha habido respuesta por parte de los dueños. "Algunos ya se han interesado y han arreglado sus viviendas", detalla el presidente de la Fegamp, al tiempo que advierte de que las miles de construcciones inacabadas que salpican el territorio gallego -unas 50.000, según un estudio del arquitecto y responsable del Área de Rehabilitación Integral del Concello de Rianxo, Carlos Fernández Coto- no pueden adecentarse de la noche a la mañana.


"Se pensaba que con sacar una ley, se iban a poner punto y final a todas estas viviendas inacabadas. Pero los ayuntamientos tenemos el personal que tenemos y muchos fuegos que apagar. Este es un plan a medio plazo, para que el que no se puede fijar un calendario", explica Alfredo García. No obstante, confía en que los propietarios, una vez conozcan el alcance y objetivo de la ley, corrijan las deficiencias de sus viviendas sin necesidad de iniciar el expediente sancionador. Las multas son de un importe de entre 1.000 a 6.000 euros, pero que pueden alcanzar los 25.000 euros en 15 meses si se desobedecen los sucesivos requerimientos de la administración.

A Laracha y Viveiro

En el ayuntamiento coruñés de A Laracha ya comenzaron hace seis meses a hacer un censo de viviendas inacabadas, pero todavía el peinado del término municipal está en una "fase incipiente". En el caso del núcleo urbano de A Laracha, el rastreo está avanzado. Pero todavía falta la inspección en Caión y Paiosaco y los 300 núcleos del rural.


En otros municipios, como es el caso de Viveiro, el censo se centra en viviendas sin rehabilitar o en estado ruinoso. "Es una especie de ITV para las casas", comenta la alcaldesa, María Loureiro. El modus operandi del concello una vez detectado un inmueble en mal estado es contactar con el propietario.


"En aquellos casos en los que el dueño hace caso omiso, incluso cuando tras varios avisos se ha impuesto una multa, planteamos llevar el caso al juzgado", detalla la regidora, aunque reconoce que los que hacen caso omiso a las notificaciones del Concello apenas representan un 20% del total. En los últimos años, según apunta Loureiro, la crisis provocó un aumento de los requerimientos de rehabilitación, más del doble que antes de la época de bonanza económica.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

 

El periódico continuará ofreciendo, día a día, segundo a segundo a través de su web, el aire fresco que introdujo en 2000 en el panorama informativo coruñés

 

Enlaces recomendados: Premios Cine