"Omnicomprensivos y gigantes". Así define Gerardo Roger Fernández los actuales planes de ordenación municipal. "Con planes que tardan diez años en redactarse, se potencian indisciplinas urbanísticas", advierte el arquitecto, urbanista y técnico en Ordenación del Territorio, que esta semana participó en Santiago en un congreso organizado por la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU). Ante lo "difícil" que resulta la fusión de concellos, Fernández, que fue director de Urbanismo en la Comunidad Valenciana entre 1990 y 1995, propone concentrar los planeamientos de varios ayuntamientos para agilizar el proceso y evitar que "algunos responsables públicos se anticipen a la legalidad".

-Hace años, un estudio de Ecologistas en Acción situaba el territorio gallego como uno de los más afectados de España por la ocupación de la costa. ¿Es grave el nivel de agresión que soporta el litoral gallego?

-En el Cantábrico se ha ocupado bastante el territorio pero no es tan grave como en la Costa del Sol, Murcia o Valencia. En la década que yo califico como prodigiosa del 98 al 2007, las provincias que más crecieron de toda España fueron Almería y Castellón. Hasta tres veces más que la media, mientras que Galicia no llegó al doble. Aunque aquí haya una ocupación desordenada del territorio, hay una serie de directrices y planeamientos territoriales que pretenden respetar los valores más relevantes. Eso en el Mediterráneo ha tardado... Cuando está ya ha explotado la burbuja y está todo ocupado, Valencia tramita un plan para reordenar la costa.

-Los propietarios, ¿se conciencian con campañas o multas?

-Las dos cosas. Las raíces de la indisciplina urbanística, la infracción y el delito urbanístico son, en primer lugar, antropológicas. Los españoles, seamos gallegos, asturianos o valencianos, tenemos falta de conciencia social de que las leyes hay que cumplirlas. Y en temas relacionados con el territorio, no se da trascendencia social como lo que es: una afrenta al medio ambiente y natural. Luego, también hay instrumentos normativos de planeamiento y de gestión que incluso potencian que se produzcan indisciplinas urbanísticas.

-¿Por los largos procesos que requiere un plan urbanístico?

-Tenemos unos planes de urbanismo omnicomprensivos y gigantes que se tardan en redactar unos diez años. Tienen que decir qué se puede hacer en cada metro cuadrado de suelo, con qué ocupación, número de plantas y alturas o incluso el color de las fachadas. Y eso a 15 o 20 años vista. Al final, nos convertidos en profetas. Acabamos siendo Nostradamus. En una sociedad dinámica, quién puede pensar qué va a demandar una sociedad dentro de más de diez años. Eso es absurdo.

-Hubo y sigue habiendo quienes construyen a sabiendas de que tocará pagar una multa pero con la vista puesta en la regularización de esa obra.

-Muchos tienen la clara coartada de que una inversión no puede esperar cinco o diez años. Entonces 'yo construyo y luego si tengo que pagar una multa, la pago'. Hay que acabar con esos planeamientos que duran tanto y que al final acaban posibilitando que algunos 'tengan que anticiparse a la legalidad'. Hay que buscar la agilidad, la eficacia y la transparencia sin perder de vista el interés público. Se puede hacer con planes más sencillos, como en otros países de Europa, de manera que la pormenorización se hace en función de las demandas de cada momento.

-¿Siguen ciegas, mudas y sordas las administraciones ante las agresiones urbanísticas?

-Cada vez menos. Hace 20 o 30 años ni se pedía licencia para los edificios de muchos ayuntamientos. Ahora cada vez hay más conciencia. Tenemos más de 8.000 municipios, más del 90% tienen menos de 20.000 habitantes y más de la mitad, menos de 5.000. Es imposible que puedan tener capacidad para formular un plan, gestionarlo y llevarlo a cabo. Hasta que no se reestructure esa visión administrativa seguiremos teniendo municipios pequeños muy sensibles. Primero, a las demandas sociales del paisano que quiere hacerse su casita en el pueblo. O a la presión especulativa de empresarios inmobiliarios, que van a sacar el mayor rendimiento económico a esa inversión. Es una reforma pendiente, pero parece difícil de acometer.

-La Lei do Solo ha dado más competencias en urbanismo a los concellos. ¿Qué le parece?

-Por el principio de subsidiaridad, la administración más cercana al ciudadano, los ayuntamientos, son los responsables directos y primeros de los desarrollos urbanísticos. De todas formas, siempre hay una supervisión, en este caso de la Xunta. El problema no es tanto de dar competencias a los ayuntamientos, sinopoder hacer planeamientos supramunicipales. Si nuestra administración no es capaz de reestructurar y concentrar los municipios, por lo menos que diga que el planeamiento se haga entre cinco o seis ayuntamientos. Si no concentramos municipios, concentremos planes.