El sector del transporte de viajeros por carretera en Galicia irá hoy y mañana a la huelga. Hace 15 años hubo una jornada de paro, pero desde entonces no se había producido una convocatoria de este alcance. Seis de cada diez líneas regulares de autobuses estarán afectadas. La huelga se volverá a repetir las próximas semanas, los martes y miércoles, hasta que se llegue a un acuerdo, según advierten los sindicatos, que protestan por el bloqueo de los convenios colectivos y rechazan el plan de viajeros de la Xunta, que prevé integrar servicios escolares en las rutas convencionales.
La administración autonómica ha fijado unos servicios mínimos que alcanzan el 40% para las líneas regulares y llegan hasta el 100% para el transporte escolar. La Xunta considera "esenciales" los servicios de autobús de entrada a los centros educativos desde las 07.30 hasta las 10.30 horas y los de salida desde las 13.30 a las 19.00 horas.
En cuanto a los de transporte de trabajadores, se establecen como mínimos "todos los servicios en las expediciones anteriores a las 09.00 horas y posteriores a las 18.00" con el fin de garantizar el acceso y la salida de los puestos de trabajo.
Xunta, patronal y sindicatos se habían citado ayer para una reunión, 24 horas antes del inicio de la huelga. Pero finalmente no se celebró. El sábado, y "unilateralmente", según denunciaron tanto los representantes de los trabajadores como los empresarios, la Consellería de Infraestruturas decidió cambiar el formato del encuentro, y citó a los sindicatos por una parte, a la mañana, y a la patronal por otra, por la tarde. Ambos dieron plantón a la conselleira Ethel Vázquez, molestos con el inesperado cambio. UGT, CCOO y CIG, convocantes de los paros, aseguran que la huelga en el transporte de viajeros de Galicia se debe a la falta de acuerdo con la patronal sobre los convenios colectivos pero también por el plan de la Xunta para reorganizar las líneas de autobús, que busca la integración del transporte escolar en las líneas regulares de pasajeros. Con el nuevo plan, las centrales sindicales auguran la desaparición de hasta un millar de trabajadores, de una plantilla que ronda las 7.000 personas.
Anetra, Fegabús y Transgacar (tres de las cuatro federaciones del sector, junto a Fegatravi, que aseguran representar al 90% de las empresas) esgrimen que las pequeñas compañías, las que abastecen el rural, se quedarán sin hasta un 70% de su carga de trabajo con el nuevo diseño. Y advierten de que el plan de la administración gallega implica "menos puestos de trabajo y precarización de las condiciones laborales". Por ello ven "imprescindible" la paralización del documento para que se retome su elaboración "con rigor, calma y profesionalidad".
También la Confederación Galega de ANPA de centros públicos expresó su rechazo al proyecto de Infraestruturas, a través de un comunicado, "por convertir el transporte escolar en transporte de viajeros con reserva de plaza".
Tanto los sindicatos como la patronal defienden empezar de cero un nuevo documento, al oponerse al modelo que aspira a implantar el Gobierno gallego. Ambas partes remitieron a la consellería un escrito en el que indican su disposición a reunirse en cualquier momento, pero siempre que estén presentes tanto los sindicatos como las federaciones que aglutinan a las compañías de transporte.
En marzo de 2016, el Tribunal Supremo anuló la prórroga de las concesiones de autobuses de línea regular que el Ejecutivo autonómico impulsó en 2009. Ahora que debe volver a adjudicar la mayor parte de las concesiones, la administración autonómica pretende también reestructurar buena parte de las líneas.
El departamento de Ethel Vázquez defiende que "mantiene las puertas abiertas" a ambas partes y reitera su "plena disposición a revisar" con las centrales sindicales los aspectos laborales de los 42 contratos del plan de transporte público, "con el objetivo de alcanzar soluciones de consenso que ofrezcan las garantías que demandan los representantes de los trabajadores".
