El PP ha registrado una proposición de Ley Orgánica en el Congreso para modificar el Código Penal, con el objetivo de ampliar de 4 a 9 años las penas de cárcel para los conductores que atropellen a ciclistas, así como crear un delito específico de abandono del lugar del accidente. Durante los últimos cinco años, en Galicia murieron ocho ciclistas en carretera y un total de 491 resultados heridos, 123 de carácter grave. De los más de 500 accidentes con bicicletas ocurridos en la red viaria gallega en el último lustro, el 80% se produjeron en las provincias de A Coruña (182 siniestros) y Pontevedra (252), que en ambos casos registraron cuatro víctimas mortales desde 2012.
La propuesta legislativa ha sido presentada en la Cámara Baja tras una reunión de una hora de duración entre el ministro de Justicia, Rafael Catalá; el de Interior, Juan Ignacio Zoido; el director de la DGT, Gregorio Serrano; el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando; diputados populares y representantes de asociaciones de ciclistas.
En concreto, la proposición de ley apuesta por calificar siempre como imprudencia grave la conducción que atenta contra la integridad de las personas en los siguientes tres supuestos: cuando se comete un delito contra la seguridad vial por exceso de velocidad, cuando se hace bajo la influencia de drogas o bajo la influencia de alcohol. Hasta ahora, el juez valoraba si la imprudencia había sido grave, menos grave o leve, de acuerdo con las circunstancias concurrentes en el hecho. Con la nueva regulación propuesta, en cualquiera de estos tres supuestos no cabrá margen de interpretación y se considerarán imprudencias graves en todo caso.
Por otro lado, se abre la posibilidad de permitir al juez que pueda elevar la pena por encima del máximo actual en los casos de imprudencias graves con resultado de varias víctimas, de forma que en el supuesto de un conductor que como resultado de un atropello a un grupo de peatones o ciclistas cause varios muertos, pueda imponérsele una pena de hasta 9 años de prisión, frente a la legislación actual que establece una condena máxima de 4 años de cárcel.
La Proposición de Ley Orgánica introduce también la eliminación de la regla por la que con el Código Penal actual, cuando un conductor comete un delito contra la seguridad vial que además produce resultados lesivos o muerte, sólo es castigado por la infracción más grave. Con la reforma, se posibilitaría que todas las infracciones del conductor previas al accidente se puedan sancionar de forma independiente, permitiendo una mayor pena si concurren las circunstancias para hacerlo.
Además se introduce el delito de abandono del lugar del accidente cuando hubiera previsiblemente víctimas graves o mortales. Se pena además, el abandono aunque el conductor implicado nada pueda hacer por la víctima que hubiera fallecido y por tanto no pueda socorrerla, al considerar que se trata de una conducta dolosa e independiente del delito imprudente previo. Se sanciona así la maldad intrínseca al abandono de quien sabe que deja atrás a alguien que pudiera estar lesionado o incluso fallecido.
Reforma penal
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado que la propuesta tiene que ver con "la necesidad de promover una reforma del Código Penal para generar una repuesta adecuada ante unas conductas que están generando lesiones muy graves, pérdida de vidas y que, por algunos detalles de técnica legislativa, quizá no tenía una respuesta adecuada desde el Derecho Penal".
