El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, Andrés Lago Louro, decidió hace dos semanas prorrogar hasta diciembre de 2018 la instrucción del accidente del tren Alvia en Angrois, en el que fallecieron 80 personas y 144 resultaron heridas, al considerar que era necesario resolver las nuevas diligencias que pidieron las partes y las nuevas imputaciones. Pero estaba pendiente de resolver el recurso presentado por la representación procesal de ADIF y del exdirector de seguridad de circulación del ente, Andrés Cortabitarte, investigado por 80 supuestos delitos de homicidio y 144 por imprudencia profesional grave por no cumplir la evaluación de la peligrosidad de la línea Ourense-Santiago donde se produjo el descarrilamiento el 24 de julio de 2013. La compañía y la defensa del exalto cargo de Adif pedían el sobreseimiento del caso y ayer el magistrado rechazó el archivo en un auto divulgado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Lago Louro considera que la petición es "inviable" porque no se ha practicado "ninguna diligencia que contradiga o desvirtúe" lo expuesto en el auto del pasado marzo en el que se cita a Cotabitarte como investigado en el caso Alvia
El instructor de la causa decidió también que se ratifiquen los informes periciales presentados en enero por los peritos judiciales Juan Carlos Carballeira y César Mariñas. porque entiende que es necesario someter a la contradicción de las partes estos documentos debido a "la discrepancia" entre ambos sobre la exigencia de realizar una evaluación integral de riesgos en la línea ferroviaria. En este sentido, Carballeira, ingeniero de Caminos y funcionario de la Xunta, considera que no era obligatorio ese análisis porque "no había un cambio significativo en las instalaciones". Por su parte Mariñas, ingeniero de telecomunicaciones, opina que la puesta en servicio de una nueva línea de alta velocidad ya debe considerarse "un cambio significativo del sistema ferroviario" y además, en su informe recogió que, "de haberse realizado un análisis integral de la línea, el peligro concreto de la curva y su riesgo asociado hubiese resultado más que evidente". El juez ha fijado para el próximo 27 de julio la comparecencia de los dos expertos. En el auto, insta además a esperar el resultado de la resolución de la Audiencia Provincial de A Coruña respecto a la petición de otras diligencias de las partes, entre ellas la soliticitud de la plataforma de las víctimas de nuevas imputaciones de cargos de seguridad de Adif.
Otra de las novedades del auto tiene que ver con el informe de la Agencia Europea del Ferrocarril sobre el análisis de riesgo en la línea Santiago-Ourense, que en su día ya comunicaron a las víctimas. El juez solicita ahora este documento al organismo europeo, al considerar que es preciso aclarar qué se entiende por evaluación integral de riesgo "según la normativa europea y en términos de seguridad ferroviaria". En concreto, Lago Louro pide a la entidad que exponga si era necesario ese análisis que tuviese en cuenta la situación de peligro, sobre todo en la curva de A Grandeira en la que se produjo el siniestro y si se debería realizar antes de la puesta en marcha de la línea en 2011 y desde entonces en caso de darse algún cambio importante. Por eso, pregunta si la construcción de una nueva línea de alta velocidad o la modificación de un sistema de frenado automático (ERTMS) por el método de apoyo Asfa digital en parte del recorrido merecerían esa consideración de "cambio significativo".
La Agencia Ferroviaria Europea ya respondió a alguna de estas cuestiones en el correo electrónico que envió a las víctimas el pasado noviembre. El jefe de seguridad de la Era, Christopher Carr, expuso entonces que tanto Adif como Renfe estaban obligados por la legislación de la UE a realizar una evaluación integral de los riesgos porque, además, el peligro de descarrilamiento en las curvas era conocido en los controles realizados por la empresa que construyó la línea. En ese correo Carr también matizaba que, en nombre de la agencia, "una nueva línea supone claramente un cambio significativo". Es más, puntualizaba que el riesgo fue identificado pero exportado al maquinista, el único imputado hasta que se reabrió la causa en mayo del año pasado. Lago Louro en su auto demanda al organismo que vuelva a pronunciarse precisamente sobre el trasvase de responsabilidad al maquinista o Renfe y acerca de hasta qué punto hay que tener en cuenta el factor humano en la evaluación de riesgos.
La portavoz del BNG en Europa, Ana Miranda, cree que la decisión del juez de pedir un informe a la Agencia Ferroviaria Europea es "un primer paso en el esclarecimiento del accidente" del Alvia. "Debieron contemplarse todos los riesgos, sobre todo ante la puesta en marcha de un nuevo tren de alta velocidad", insiste. Miranda anunció además que el próximo 7 de julio presentará una denuncia en Bruselas por infracción de la normativa relacionada con la obligatoriedad de evaluar los peligros. Lo hará ese día, coincidiendo con el aniversario de la jornada en que se dio a conocer el escrito de la Agencia Ferroviaria de la UE crítico con la comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF).
