La huelga de buses se endurece al cuarto día de paros y amenaza con convertirse en indefinida

Los sindicatos estudian extender la protesta a todos los días a partir de mediados de julio - La patronal acusa a la Xunta de querer "dejar morir" al sector - Ayer solo se prestó el 21% de los servicios mínimos

29.06.2017 | 13:09
Un coche de la policía vigila ayer la estación de autobuses de A Coruña.

La huelga del transporte de viajeros en Galicia que comenzó el martes de la pasada semana y que ayer vivió su cuarto día de paros -masivos, como las tres jornadas anteriores- se recrudeció en los tres bandos en disputa.

Ante la ausencia de avances, los sindicatos se plantean endurecer las protestas y convertir la huelga de los martes y miércoles en indefinida. Eso sí, la nueva convocatoria debería ser aprobada por las asambleas de UGT, CCOO y GIG por lo que hasta mediados de julio no sería posible.

La patronal, por su parte, elevó sus críticas contra la Consellería de Infraestruturas por considerar que pretende "dejar morir" a las pequeñas y medianas empresas de transporte e insistió en la "pasividad" de la Xunta. Esta por su parte, en boca de la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, acusó a la patronal de trasladar "una falsa creencia" de que hay alternativa al plan de transporte presentado por el Ejecutivo gallego.

El conflicto se endureció en su cuarto día de huelga y las tres partes continuaron enrocadas en sus peticiones: sindicatos y patronal solicitan una mesa de negociación a tres junto a la Xunta, mientras que esta mantiene su postura de reunirse por separado. Es "inviable", pues "ya se tuvo" y "sirvió para demostrar que los intereses son totalmente contradictorios", reconoció ayer Ethel Vázquez en una entrevista en TVG.

El cuarto día de paros convocados en Galicia por los sindicatos contra el plan de reordenación de líneas de la Xunta y por el desbloqueo de los convenios colectivos volvió a paralizar el transporte de viajeros por carretera.

Los sindicatos cifraron el seguimiento en un 95%, porcentaje que las federaciones de empresas Fegabús, Anetra y Transgacar redujeron al 85%. La Xunta no ofreció el alcance de los paros, aunque sí cifró en 28 los servicios mínimos prestados de un total de 132 previstos. Un 21%.

Tanto sindicatos, como patronal y Xunta elevaron ayer el tono de sus críticas. El portavoz del sector de Carretera de Comisiones Obreras en Lugo, Marcos Pérez, reconoció que la Xunta se ha instalado "en una propaganda sobre la mentira", para camuflar "una posición intransigente" que la lleva "a incumplir sus propios acuerdos".

Por su parte, las federaciones de empresarios mostraron su preocupación por la convicción creciente de que la intención de la Xunta con el nuevo plan de transporte público es "dejar morir" a las pequeñas y medianas empresas del sector.

En un comunicado conjunto, reconocieron que están "cada día más convencidas de que la posición inflexible" del Gobierno gallego "responde a su interés por tratar con una única multinacional" para adjudicar la totalidad de las líneas de su proyecto de transporte por carretera en Galicia.

A ello contribuye, según explicaron, la posición de la conselleira de Infraestruturas de "defender el plan contra todo y contra todos", pese a las múltiples críticas, procedentes de distintos estamentos, que está recibiendo.

Tanto la conselleira como las empresas entraron ayer en un cruce de declaraciones. La conselleira acusó a las patronales de trasladar "una falsa creencia" relativa a que hay "una alternativa" al plan de la Xunta, que consiste en que las empresas sigan prestando los servicios de unas 500 líneas a partir de agosto pese a que renunciaron expresamente a ellas. Y destacó que "las concesiones no se pueden poner y sacar a dedo".

Fegabús, Anetra y Transgacar, en cambio, tildaron de "incorrectos" algunos "apuntes" de la conselleira al decir que los servicios jurídicos "le impiden retirar su plan de transporte público".

Y censuraron también que insista en que "agosto es el plazo límite con el que se encontró", frente a lo que contraponen que "fue la propia Xunta quien lo fijó en base a una normativa comunitaria a la que también puede volver a recurrir para ampliarlo".

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