Convencidos de que "heredar es preservar y preservar es resistir", un grupo de defensores de la riqueza del patrimonio gallego lanzó en 2011 la primera wikipedia de los bienes culturales de la comunidad. Capitaneados por el profesor universitario Manuel Gago, pretendían remediar la inexistencia de un catálogo oficial público y accesible sobre los recursos arquitectónicos, arqueológicos y etnógraficos de Galicia. Tras seis años de recorrido, están a punto de alcanzar las 10.000 fichas inventariadas.

Ahora, con el objetivo de alcanzar una meta numérica semejante, la Xunta ha decidido ponerse a la altura de la sociedad civil y redoblar la apuesta hasta la frontera de la antigua Gallaecia romana: el territorio que se extiende hasta la desembocadura del Duero. El proyecto Geopard, impulsado por el Gobierno gallego junto a otras doce entidades de ambas riberas del Miño, pretende construir un canal único de acceso a los tesoros materiales y simbólicos de la Eurorregión.

"Desde la prehistoria al siglo XVII, Galicia y el norte de Portugal compartimos la misma historia cultural", señala Rubén Lois, catedrático de Análise Xeográfica Rexional y coordinador del equipo de la USC participante en el proyecto. Su meta, indica, es impulsar "la recuperación de una cultura originaria común que se está perdiendo. Desde el megalitismo y los castros, a los ciclos festivos de la sociedad rural, como el Entroido o la celebración de la Semana Santa".

Para evitar su desvanecimiento en el olvido y acercar a las poblaciones de ambos países a la raíz común de su existencia, las entidades promotoras han decidido apostar por la geolocalización. A través de la construcción de un sistema de información geográfica, pretenden situar los bienes arqueológicos, arquitectónicos y etnográficos tanto gallegos como del norte portugués en un mapa virtual en línea.

Mámoas, petroglifos, castros, pazos, cruceros, hórreos, castillos, molinos... "Se creará un sistema de bases cartográficas conjuntas de acceso online en el que todos estos recursos estarán ubicados con coordenadas exactas", explica Lois.

Para ello, el proyecto desarrollará una plataforma digital "lo más participativo y abierto posible", en la que cada recurso patrimonial georreferenciado estará acompañado de información relativa a su nivel de protección, estado de conservación, afecciones urbanísticas que lo amenacen o su biografía histórico-artística. A mayores, cualquier usuario podrá realizar aportaciones para ampliar la información, corregirla en caso de que sea incorrecta o denunciar posibles agravios a su integridad. "Pretendemos abrir una ventana para que la gente pueda opinar. La intención es que los bienes estén vivos", recalca Lois.

Por ello, más allá de los bienes que ya cuentan con un nivel protección legal, la pretensión del proyecto, dotado de 3,6 millones procedentes del programa europeo Interreg, es localizar también aquellos pequeños elementos patrimoniales -como campanarios, fuentes o lavaderos- que no están catalogados pero de los que existen "rastros" documentales de su existencia.

La iniciativa, cuya finalización se ha fechado en septiembre de 2019, plantea además el desafío de cartografiar el patrimonio inmaterial. Aunque en esta tarea, la experiencia simbólica en torno al Camino de Santiago ocupará un lugar central, el catedrático de la USC señala que también habrá lugar para representar otro tipo de bienes inmateriales.

Así, junto con la creación de archivos sonoros y visuales y la incorporación de 1,5 millones de documentos de la Eurorregión a un repositorio web, el proyecto también contempla la creación de rutas literario-filológicas, como la de los trovadores gallego-portugueses de la Edad Media, o la construcción de una base de vocablos que permita bucear en los vínculos lingüísticos de la vecindad de la Eurorregión.

También, la clasificación de los 40.000 macrotopónimos, ya recogidos por la Administración. Con su ordenación mediante la georreferenciación en un formato abierto, el Gobierno gallego a espera ofrecer el Nomenclátor de Galicia, es decir, la relación de nombres propios de las entidades de población de la comunidad, como "única fuente normalizada de referencia" tanto para la Administración pública como la cartografía.