Los concellos consiguen parte de sus ingresos todos los años a través de cinco grandes impuestos: el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI); el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM); el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE); el Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

Este último llegó a representar antes de la crisis el 5% de todos los ingresos de los ayuntamientos gallegos y con el boom de la construcción se convirtió en una fuente casi inagotable de recursos. Pero el pinchazo de la burbuja inmobiliaria casi cerró el grifo de esta partida.

Ahora, por ejemplo, no alcanza el 2% de los presupuestos. En 2008 era el tercer impuesto con mayor recaudación, tras el IBI y el IAE. En 2016, fue el quinto y último, según los datos recogidos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Desde el arranque de la crisis, la recaudación de los ayuntamientos gallegos por este concepto se ha desplomado un 76%, desde los 117,6 millones de 2008 a los 27,9 del año pasado, la cifra más baja desde 2003, últimos datos disponibles.

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El ICIO es uno de los indicadores que se utilizan para medir el impacto que ha tenido la crisis de la construcción, en este caso, en las cuentas de los ayuntamientos. Este impuesto municipal grava la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que sea necesaria una licencia de obra.

Esta tasa es un porcentaje de la cuantía de los trabajos y varía de unos concellos a otros, aunque suele estar entre el 0,5% y el 4%. Por ejemplo, para la construcción de una vivienda unifamiliar el coste del ICIO ronda los 5.000 euros, pero en edificaciones de varios pisos llega hasta los 300.000.

Para tener un mejor control de las cuentas públicas, cada año los ayuntamientos deben enviar al Ministerio de Hacienda sus presupuestos. En ellos deben detallar de forma pormenorizada cuáles van a ser los gastos y los ingresos que tendrán durante ese ejercicio.

Pero al final las previsiones casi nunca coinciden con la realidad. Y siempre recaudan mucho menos de lo previsto, sobre todo en un sector como el de la construcción que ha sido muy volátil durante los últimos años.

En 2008, cuando la previsión de los concellos era recibir 117,7 millones por las tasas relacionadas con el ladrillo, ingresaron 74,7. Un tercio menos (-36,6%).

Los últimos datos de liquidación de presupuestos de los ayuntamientos gallegos que maneja el Ministerio de Hacienda son de 2015. Ese año la previsión de ingresos por el ICIO era de 30,7 millones. Finalmente fueron 19,6. Solo dos tercios de lo previsto.

Por provincias, el mayor desplome porcentual de la recaudación por este canon correspondió a los concellos de Pontevedra, con un 82,4%, seguidos de los de Lugo, con un 74,4%; A Coruña, con un 73,9% y Ourense, con un 65,5%. En cifras totales, los ayuntamientos de A Coruña pasaron de recaudar 60,6 millones en 2008 a 15,8 en 2016; los de Pontevedra, de 37,4 a 6,5; los de Lugo, de 13 a 3,3, y los de Ourense de 6,5 a 2,2 millones.

Según el número de habitantes de cada municipio, el recorte de la recaudación ha variado. En los de menos de 5.000 habitantes, la caída fue la más baja, un 57,9%, al pasar de los 12,2 millones de 2008 a los 5,1 del año pasado.

En los de 5.000 a 20.000 habitantes y en los de 20.000 a 50.000 el desplome fue superior al 75%. En el primer caso, del 84,8% (de 55,3 a 8,4 millones) y en el segundo, del 77,1% (de 22,7 a 5,1 millones).

En las siete grandes ciudades la caída de la recaudación por las tasas de la construcción fue menor. En las que tienen entre 50.000 y 100.000 habitantes (Santiago, Ferrol, Lugo y Pontevedra) los ingresos por el ICIO cayeron un 71,9% entre 2008 y 2016. Estos cuatro concellos ingresaron por esta tasa 12,6 millones al inicio de la crisis y 3,5 durante el ejercicio pasado.

Los tres grandes ayuntamientos gallegos que superan los 100.000 habitantes (A Coruña, Vigo y Ourense) recaudaron 14,7 millones hace ocho años y 5,7 en 2016. El recorte fue del 61,3%.