Además de la solicitud de suspensión del decreto que había realizado la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga), la Xunta tiene otro frente abierto contra la norma que regula desde el pasado 10 de mayo las viviendas de uso turístico en la comunidad.

A finales de abril, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) anunció que demandaría al Ejecutivo gallego si no cambiaba el decreto y sustituía varios artículos que considera "restricciones innecesarias".

La CNMC requirió que eliminase el poder que daba a los concellos para limitar o prohibir en determinadas zonas el alquiler a turistas. También criticó que prohíba alquilar por habitaciones y por un plazo máximo de 30 días y los requisitos "exagerados" y servicios mínimos que elevan "de manera injustificada" los costes. El órgano supervisor ya avisó de que presentará un recurso contencioso-administrativo ante el TSXG si no realiza los cambios.

Competencia ya actuado sobre otros dos decretos de otras dos comunidades que también querían regular los pisos turísticos. Y en ambos casos la Justicia le dio la razón. Primero fue en Madrid, donde se aceptaron todas las modificaciones que solicitó, y en abril, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias también tumbó los mismos artículos que pide que modifique la Xunta.