El Plan de Transporte Público de Galicia, que fue una de las causas por las que se produjeron ocho jornadas de huelga de autobuses durante las últimas cuatro semanas y que amenazó con convertirse en indefinida, sigue quemando etapas. La última es el interés que han demostrado más de un centenar de empresas por hacerse con alguno de los 41 contratos que la Xunta licitó la pasada semana para dar cobertura a más de 570 líneas de bus de la comunidad.
Las empresas que aspiran a prestar estos servicios tienen de plazo hasta mañana para presentar sus propuestas. Será entonces cuando se compruebe si el interés se ha traducido en ofertas firmes y entonces la Administración deberá resolver quiénes son las ganadoras.
La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, valoró ayer este "gran número" de compañías y reconoció que su departamento está "en plazo" para que a partir del 8 de agosto esas casi 600 líneas -la mayoría de Ourense y Lugo- sigan con su actividad. De hecho, la previsión es adjudicar los contratos "próximamente", según recordó.
La Xunta tramita este proceso por un procedimiento extraordinario tras la renuncia por parte de las compañías que tenían hasta ahora las adjudicaciones.
"Sin este plan -explicó la conselleira- la mitad de Galicia quedaría sin transporte y más de 500 trabajadores, desde luego, se irían a la calle". Para Vázquez, el plan de transporte "es la solución para que Galicia tenga transporte a partir del mes de agosto y, por lo tanto, empleo".
Según la conselleira, el pliego de condiciones que rige el proceso de contratación de las 41 nuevas concesiones recoge "la voluntad de facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas y de primar la calidad y la seguridad en la prestación de los servicios sobre los aspectos económicos de las ofertas".
No más de diez contratos
Cada grupo empresarial podrá resultar adjudicatario de un máximo de diez contratos de transporte público. Además, en los diez contratos de menor volumen se priorizarán las ofertas que presenten las pequeñas empresas.
En la valoración de las ofertas se tendrán en cuenta aspectos como la antigüedad máxima y el promedio de los vehículos o la existencia de cinturones de seguridad.
Para las líneas que operen en los entornos metropolitanos se puntuará el compromiso de instalar dispositivos de cobro homologado con las tarjetas del Transporte Metropolitano de Galicia.
El plan prevé que los usuarios puedan utilizar los autobuses de transporte escolar, una medida que criticaron los trabajadores, la patronal y las asociaciones de padres.
En el caso de servicios de transporte escolar de uso compartido cobrará especial relevancia que sean vehículos que tengan cinturón de seguridad. En estos servicios se valorará también la estabilidad y la seguridad del personal acompañante para garantizar la calidad del servicio. La conselleira destaca que el uso compartido del transporte escolar irá acompañado de mejoras también para los alumnos, "cuya atención estará blindada en los contratos, manteniendo intactos los tiempos de recorrido y los horarios de salida y llegada".
También "se incluirán garantías más elevadas que las previstas por la ley" al asegurarse la presencia de un monitor acompañante en todas las rutas de transporte compartido.
El proceso de contratación de las 41 nuevas concesiones está recogido en la primera fase del plan de transporte público, que prevé contratos por un período de dos años, hasta que en 2019 se ponga en marcha la reordenación integral de concesiones en Galicia.
