El fondo de avales depositados en las cuentas de la administración autonómica supone también una ventaja en términos de financiación para el Ejecutivo, que tiene la potestad legal de detraer hasta un 70% para destinarlo a políticas vinculadas a la vivienda.
Esa operación fue la que realizó el pasado mes de mayo la Consellería de Infraestruturas, que realizó la tramitación legal necesaria para lograr 10 millones con los que subvencionará a los municipios de menos de 50.000 habitantes -todos salvo las ciudades- que realicen acciones de rehabilitación y luchen contra el feísmo. En la orden que la semana pasada abrió el plazo para solicitar estos créditos a coste cero se incluye la opción de que los concellos destinen ese dinero a acabar las fachadas sin rematar de las casas por la vía forzosa.
