Incumplimiento de los plazos de pago o ausencia de contratos. Son los principales motivos por los que la industria alimentaria o los distribuidores se enfrentan a multas que parten de los 3.000 euros pero que pueden alcanzar el millón de euros. Desde que se creó en 2014 la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura, las sanciones interpuestas en España alcanzan ya las 686. Galicia lidera el ranking nacional con un total de 149 multas, lo que supone el 21,7% de las tramitadas en el conjunto del país, según el balance que acaba de publicar el organismo supervisor de la Ley de Mejora de Funcionamiento de la Cadena Alimentaria. El importe total de las sanciones emitidas hasta el pasado 30 de junio supera los 8,2 millones, lo que se traduce en un desembolso medio de 12.000 euros.
La mayoría de las multas que tramitó en los últimos tres años y medio la AICA se debe al incumplimiento de los plazos de pago (41%) y a la falta de contratos entre las partes (19%). La industria alimentaria protagoniza el mayor número de expedientes sancionadores abiertos, con un total de 313 en el conjunto del país (45,6%). La industria láctea copa la mayoría de las infracciones destapadas, casi 200, lo que supone casi el 30% de todas las detectadas por el organismo dependiente de Agricultura. Dentro del sector lácteo, también figuran siete productores sancionados.
Otro de los focos de sanciones es la distribución minorista, que incluye a los supermercados, con un total de 240 multas; y también la distribución mayorista, en especial la de frutas y hortalizas (126). En la lista aparecen siete empresas reincidentes, tres de las cuales acumulan más de dos sanciones leves, por lo que la siguiente ya tendría carácter grave; y otras dos suman más de dos expedientes graves; y otra compañía acumula más de dos leves y más de dos graves.
De las casi 700 multas interpuestas por la AICA desde 2014, Galicia se sitúa a la cabeza, con un total de 149. Con un volumen similar le sigue en la tabla sancionadora Madrid (135). Y en el tercer puesto, se sitúa País Vasco (102), seguido a gran distancia por Andalucía (55) y Extremadura (51). Canarias es el único territorio que no registró sanción alguna; mientras que Baleares contabiliza dos; Aragón y Castilla-La Mancha, tres cada una y Navarra, cuatro.
Solo entre enero y junio de este año, la AICA realizó en España casi 1.700 inspecciones de oficio, casi la mitad de todas las realizadas desde que empezó a operar el organismo (un total de 3.485). En Galicia, los técnicos del Ministerio de Agricultura realizaron desde 2014 hasta el mes pasado 459 controles (el 13% del total en España), un dato que la coloca como la segunda autonomía sometida a una mayor actividad inspectora. Por sectores, el lácteo es el que concentra el mayor número de controles en la comunidad (308, casi el 70% del total), seguido con un número mucho más bajo el cárnico (77), el de frutas y hortalizas (31) o el vitivinícola (29).
Andalucía es la comunidad con el mayor número de inspecciones (847). Y en el otro extremo de la tabla se encuentran Baleares (8 controles de oficio), País Vasco (27), La Rioja (31) y Navarra (43).
Desde la creación de la AICA, el organismo dependiente de Agricultura recibió 189 denuncias, 88 de ellas procedentes del sector lácteo (casi el 50% del total), seguidas del sector de frutas y hortalizas (38) y del sector oleícola. Tras la comprobación de la documentación aportada, el organismo supervisor del cumplimiento de la cadena alimentaria da traslado de la correspondiente denuncia a las comunidades autónomas, competentes para sancionar estas materias. Hasta el mes pasado, la Agencia de Control Alimentario había realizado casi 450 comunicaciones para que las Consejerías de Comercio en cada comunidad procediesen a su investigación y sanción si procediese.
Por ventas a pérdidas, las denuncias que llegaron a las oficinas de la AICA desde 2014 fueron 58, de las que la mayoría afectan a varias comunidades.
