La relación que mantienen la Xunta y las empresas de autobuses por la puesta en marcha del plan de transporte sigue enquistada. El último capitulo de esta relación llegó ayer cuando las tres federaciones empresariales (Anetra, Fegabús y Transgacar), que aglutinan al 90% del sector, anunciaron la presentación de un recurso contra el plan de transporte de la Xunta en el que piden su suspensión, además de solicitar la anulación de las condiciones de los 41 contratos que la Consellería licitó la pasada semana.
El recurso lo han puesto ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, un organismo dependiente del Ministerio de Economía, que se ocupa, entre otras cuestiones, de resolver los recursos que se interpongan contra las decisiones de las administraciones en la adjudicaciones de los contratos del sector público y los anuncios de licitación y pliegos que establezcan las condiciones que deban regir la contratación.
El pasado día 10, la Xunta llegó a un acuerdo con los sindicatos sobre las cláusulas sociales del plan de transporte público por carretera. De esta forma, el conflicto de los trabajadores con la administración, que había sido una de las causas de las ocho jornadas de huelga de autobuses, quedó desactivado. Dos días después, la huelga indefinida, que iba a comenzar el pasado jueves, se suspendió hasta el 2 de agosto tras el pacto al que llegaron los sindicatos y las empresas.
Aunque aún quedan por negociar las subidas salariales de los empleados y la amenaza del paro indefinido aún sigue, las negociaciones entre Xunta y trabajadores, por una parte, y entre trabajadores y empresas, por otra, estaban encauzando el conflicto. Sin embargo, en la tercera pata del problema, Xunta y empresas, no hay acuerdo.
Mientras la Consellería de Infraestruturas tuvo hasta media docena de reuniones con los trabajadores antes de llegar a un pacto, con las empresas solo tuvo dos. Y ambas terminaron sin acuerdo y con los ánimos aún más irritados que antes de citarse.
La patronal tomó la decisión de recurrir el plan por la "la inamovible posición mantenida por la Xunta" y porque su plan "condena al sector a una compleja situación de incertidumbre e inestabilidad". También aseguró que la base principal de la impugnación es el camino elegido por la administración en la primera fase del plan de transporte: la adjudicación "directa", en vez de utilizar un procedimiento abierto, de los 41 contratos que darán servicio a 570 líneas de la provincia de Ourense, de gran parte de la de Lugo, del sur de Pontevedra y de zonas de A Coruña.
La Xunta respondió a la presentación del recurso con un comunicado en el que lamentó que las empresas que presentaron su renuncia a las concesiones de transporte, y por lo tanto, "abandonarán a partir del próximo mes de agosto la mitad de las líneas de autobús de Galicia", "se empeñen ahora en intentar paralizar el único camino viable y legal para que se mantengan los servicios y los empleos en el sector".
La Consellería de Infraestructura garantizó que el procedimiento tiene "plenas garantías judiciales" y que está "avalado por la Comisión Europea". También recordó que las empresas titulares de las 570 líneas de transporte presentaron el pasado año su renuncia a esas concesiones. Para hacer frente a esa situación, la Xunta "activó de forma inmediata un procedimiento extraordinario" a través de la adjudicación de 41 contratos para asegurar que cuando se hagan efectivas las renuncias, los servicios de autobús continúen.
La Xunta también se defendió de las acusaciones de que la concesión es "directa" y certificó que la adjudicación de los nuevos contratos seguirá "un procedimiento transparente y con la concurrencia de empresas".
