El último de los no pocos y variados enfrentamientos entre la Xunta y el Ministerio de Hacienda vino del exceso de gasto en el que incurrió San Caetano en 2016. Galicia fue la comunidad con mayor incremento, un 5,8%, frente al objetivo del 1,8% marcado para todas las regiones. ¿Cuánto en total? Pues 312 millones de euros. Es una de las tres variables que se tienen en cuenta para medir la estabilidad presupuestaria de un territorio, junto con el déficit y la deuda pública. Y, pese a las duras críticas que lanzó contra la fórmula empleada por el equipo liderado por Cristóbal Montoro para realizar los cálculos, la Consellería de Facenda confirmó que, como manda la ley, presentaría el correspondiente plan de ajuste, aunque "sin medidas extraordinarias". Efectivamente, el documento aprobado ya en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de la pasada semana, descarta sacar otra vez la tijera del cajón. El Gobierno gallego sostiene que el control de las cuentas de estos últimos años y la recuperación de la economía son su garantía de que este 2017 y en 2018 sí cumplirá la regla.
"Resulta importante señalar que dada la senda de estabilidad presupuestaria que ha mostrado el desempeño de la comunidad autónoma -apunta-, el ajuste de consolidación fiscal pendiente se está realizando aprovechando el espacio fiscal recuperado por la favorable situación económica actual". El departamento que dirige Valeriano Martínez es rotundo: "Sin que sea necesario tomar decisiones en el ámbito de los ajustes de gasto".
A favor de la evolución del gasto de la Xunta juegan, eso sí, el fin de bonificaciones fiscales de ejercicio anteriores "cuyo efecto terminaría en 2017, con la vuelta a la situación inicial". Entre ellas están las deducciones por nacimiento y cuidado de hijos, que ahora mismo le cuestan algo más de cinco millones de euros anuales; la de alquiler de vivienda; la deducción también por donativos para I+D; por inversión en instalaciones de climatización y agua caliente con energías renovables; y las deducciones vinculadas a la compra de vivienda.
El impacto de todas estas bonificaciones asciende a 36,7 millones y, en principio, desaparecería a partir de 2018, cuando Facenda estima 45 millones de euros de ingresos menos en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta. Por lo que, al final, las llamadas "medidas correctoras" se mantendrían equilibradas.
En la parte del gasto, tras el abono en 2016 del 49% de la paga extra suprimida en 2012, en el actual ejercicio el personal público autonómico recupera el complemento retributivo de las pagas extraordinarias de julio y diciembre. Son cerca de 37 millones de euros este año y 10,5 millones el próximo 2018, según recoge el plan de reequilibrio entregado por la Xunta a Hacienda.
El Ejecutivo autonómico refleja una previsión de gastos total en 2017 de 10.639 millones de euros, un 4,4% por encima del año pasado. El ahorro bruto pasará de 412,5 a 661,3 millones de euros y alcanzará los 834,2 millones en 2018, con un desembolso total de 10.392 millones de euros, una reducción respecto a este ejercicio del 2,3%.
"La evolución tendencial de las finanzas autonómicas a partir de la liquidación de 2016 permite finalizar la senda de consolidación fiscal en 2018 a la vez que consolida la recuperación del gasto apoyándose en la mejoría de la situación económica y en unas finanzas saneadas de partida", insiste la Xunta.
